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El incremento en los índices de morosidad bancaria y no bancaria encendió las alarmas en el sistema financiero argentino. Desde el inicio de 2026, la falta de pago en créditos personales y tarjetas alcanzó niveles que no se registraban desde la crisis de 2001. Este fenómeno es el resultado directo de un escenario donde las cuotas ya no se licúan por la inflación y las tasas de interés reales positivas encarecen cualquier intento de refinanciación.
De acuerdo con datos del sector, la irregularidad en tarjetas de crédito llegó al 11%, mientras que en el sector fintech y las entidades no bancarias las cifras escalan al 25% y 30%, respectivamente. El impacto es especialmente severo en jubilados y empleados públicos, quienes ven sus ingresos mensuales diezmados por el sistema de códigos de descuento, un mecanismo de retención directa que hoy asfixia el presupuesto familiar.
El «Plan de Protección de los Ingresos» de Pullaro
Ante este panorama, el gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, puso en marcha una estrategia que ya está bajo la lupa de otros gobernadores y municipios. El programa apunta a ordenar un sistema que se convirtió en el principal motor de la conflictividad salarial, tal como quedó expuesto en las recientes protestas de docentes y policías, cuyos sueldos de bolsillo resultaban ínfimos debido a los descuentos automáticos.
La medida central del plan santafesino es la reducción drástica del tope de descuentos permitidos sobre el salario, bajando del 50% al 25%. El objetivo es garantizar que el trabajador disponga de la mayor parte de su haber y evitar que las financieras, mutuales y cooperativas apliquen intereses punitorios que, en casos extremos, llevan la deuda a representar hasta cinco salarios completos.
Reempadronamiento y refinanciación obligatoria
La implementación del plan obliga a un reordenamiento de todo el ecosistema de préstamos. La provincia avanzará con un reempadronamiento de las entidades que operan con códigos de descuento para exigirles la refinanciación de las deudas en hasta 24 cuotas con tasas fijas. En el sector privado, se planea consolidar deudas a plazos de hasta cinco años con tasas por debajo del promedio del mercado.
Para aquellas entidades que no acepten adecuarse al nuevo límite del 25%, el Estado provincial aplicará sanciones que incluyen la restricción de acceso a nuevos clientes dentro del sistema. Con esta herramienta, se busca frenar las prácticas abusivas de financieras que aplican costos adicionales desproporcionados, mientras el gobierno se reserva la potestad de intervenir directamente con asistencia financiera a tasa cero en los casos más críticos.
