La Multisectorial contra la Reforma constitucional en Jujuy denunció hoy la reactivación de una «causa penal vencida» contra más de diez dirigentes de la provincia, a la que consideró parte de la «persecución» contra las protestas que se sostienen desde junio en rechazo a las modificaciones a la carta magna local impulsadas por el gobernador Gerardo Morales.
Desde el espacio integrado por sindicatos, organizaciones sociales y pueblos originarios repudió, además, en conferencia de prensa, que el Ejecutivo jujeño sigue avanzando con contravencionales a quienes participaron de las manifestaciones.
En ese marco las organizaciones llamaron a movilizar mañana en la ciudad capital exigiendo el «cese de la persecución», sumando a la convocatoria anunciada por gremios de estatales en reclamo de paritarias y mejoras salariales.
«Vemos que el gobierno continúa con el esquema de estigmatizar y criminalizar a los que luchan», expresó, Sebastián López, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), espacio al cual pertenece la mayoría de los dirigentes involucrados en la causa penal cuestionada, que data de agosto de 2017.
«Está totalmente caduca, sin embargo, la reactivan», agregó López al exponer ello como un «motivo más para salir mañana a luchar por mejores salarios para la clase trabajadora de la provincia y contra el avasallamiento de derechos».
En torno a «criminalizar la protesta», se sumó el reclamo también sobre otras causas penales con reimpulso y en torno a contravencionales de las que continúan siendo notificados distintos dirigentes, entre ellos, Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Chorolque, de la organización MTR 12 de abril, que, según se mencionó, fueron citados para el viernes.
Al reclamo contra la persecución, integrantes del Tercer Malón de la Paz en la Multisectorial contra la Reforma sumaron, finalmente, la demanda de «cese de desalojos» contra familias de comunidades originarias que se están dando en La Quiaca Vieja, Palma Sola y Caspalá, según indicaron.
De la causa que data de 2017, se detalló que el Ministerio Público Fiscal de Jujuy avanza en un intento de elevación a juicio fuera del Código Penal, y además con «citaciones judiciales irregulares y abusivas».
Entre los acusados se encuentran integrantes de la comisión directiva del sindicato de municipales jujeño, como Santiago Seillant y René Saavedra, e integrantes del cuerpo de delegados gremiales y afiliados.
La investigación se originó el 10 agosto del 2017 en la localidad de Libertador General San Martín, por una movilización del Seom en la que hubo represión policial y más de una docena de detenidos.
A los manifestantes se los acusó de lesiones leves, amenazas, entorpecimiento del trasporte e instigación a cometer delitos, imputaciones que recién se le hizo conocer luego de pasar más de tres semanas detenidos, negándoseles el derecho a defensa y siendo hechos que nunca fueron probados, según escrito difundido hoy por el Seom.