Por Rodrigo Zapana y Esteban Mayorga (Para H.I.J.O.S Jujuy)
Este jueves pasado, en el edificio del Tribunal Oral Federal (TOF), se realizó 52° audiencia del sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura militar. El próximo jueves 12 de diciembre a las 13 horas, se realizará la inspección ocular en la Mina El Aguilar.
Durante esa jornada declararon los ex militares Ernesto Ortiz, Roque Ernesto Rivaneira, Julio Bidone a través de videoconferencia desde la Unidad de DD HH en el Consejo de la Magistratura de CABA y el ex penitenciario Clemente Vera a través de videollamada vía WhatsApp desde la provincia de Córdoba, debido a problemas técnicos en el sistema de transmisión federal.
“Sabían detener a muchas personas, entre 30 y 40 cada noche…”
El primer testigo en declarar fue Ernesto Ortiz, quien declaró haber realizado el servicio militar en el año 1976. “Yo fui destinado al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20), mi unidad era la compañía de infantería “A” y teníamos como superiores al sargento primero Pachado, al sargento ayudante Maldonado, el cabo primero Acosta, el cabo Mercado, había otro cabo más pero no recuerdo su apellido”, precisó durante su presentación.
Ortiz explicó que, en su paso por el regimiento, las principales tareas fueron realizar todo tipo de trabajos, “también los oficiales nos pegaban unos bailes bárbaros, y disculpen la expresión, pero nos tenían re cagando”, indicó.
Luego de asegurar ante el Tribunal que en ningún momento vio detenidos dentro del RIM 20, el ex conscripto mencionó que en cuatro oportunidades su unidad fue movilizada hacia la provincia de Tucumán. “Nos llevaron para combatir a la subversión de la que tanto se hablaba, pero no tuvimos ningún enfrentamiento con los extremistas mientras estuvimos en esa provincia”, sostuvo.
Por otra parte, el testigo señaló que, durante el espacio de aproximadamente un mes, la compañía de infantería “A” fue destinada a la ciudad de Libertador General San Martín, más precisamente a custodiar el edificio municipal de esa localidad bajo las órdenes del mismo cuerpo de oficiales y suboficiales que nombró al principio de su declaración.
“Como estábamos en estado de sitio, los soldados salían a patrullar de noche y entonces a todos los que encontraban en la calle después de las 22 hs los detenían y los llevaban a la municipalidad que funcionaba como nuestro centro base. Sabían detener a muchas personas, entre 30 y 40 cada noche, había ocasiones que a los que llegaban mechudos y con pelo largo se lo cortaban antes de dejarlos libres al día siguiente. Eso es lo que yo vi”, mencionó Ortiz.
Continuando con la declaración, el ex soldado indicó que, en otra ocasión, un grupo de aproximadamente 30 hombres de su compañía fueron movilizados hacia Mina El Aguilar, con el simple objetivo de “hacerles conocer el lugar” y realizar ejercicios. “Llegamos por la mañana, nos sacaron al campo y al caer la tarde nos llevaron de nuevo en los camiones Unimog hacia San Salvador de Jujuy”, explicó.
Sin embargo, al considerar que la declaración del testigo omitía información importante sobre los numerosos secuestros y detenciones ilegales efectuadas durante el año 1976 por parte del ejército argentino en complicidad con las autoridades de Mina el Aguilar de la cual Ortiz habría sido partícipe u observador, la fiscal Marina Cura inmediatamente solicitó al presidente del Tribunal autorización para que el testigo reconozca su firma en dos actas de detenciones que se encuentran agregadas como pruebas en la causa.
Tras la aprobación del Tribunal para la exposición de la mencionada documentación, la fiscal preguntó: “¿Es su firma la que figura en estas actas señor Ernesto?” a lo que el ex militar respondió: “Esta no es mi firma”, por lo que desde la fiscalía insistieron en consultar al testigo sobre la confección y falsificación de actas y otros documentos oficiales dentro de su unidad durante el año 1976.
“Esas cosas tendrían que preguntarle a quienes trabajaban como furrieles en la unidad”, respondió Ortiz, refiriéndose a los cabos que tenían a su cargo la organización de suministros, armas, trámites, etc. Posteriormente añadió: “Ellos eran los que manejaban todo el papeleo del regimiento, cada compañía tenía su furriel y ellos sabían de los papeles de cada uno. En cambio, nosotros de papeles no sabíamos nada”.
Por su parte la abogada querellante, María José Castillo, le pidió al testigo que se refiera nuevamente a su paso por la localidad de Mina el Aguilar y la provincia de Tucumán e indique quienes fueron sus superiores durante aquellos operativos. Ortiz respondió: “En Tucumán nuestro jefe era el teniente primero Marengo, él era el que mandaba a toda la compañía, después le seguía el sargento ayudante Maldonado, el sargento primero Pachado, el cabo Acosta, el cabo Mercado, y el cabo Figueroa, ellos eran todos los que estaban al frente, igual que en Mina el Aguilar”, replicó.
Ante la presunción de que el testigo tuviese conocimiento del traslado de 90 presos políticos desde el penal de Gorriti hasta la Unidad N° 9 de la Plata efectuado en avión durante la noche del 7 de octubre de 1976, Marina Cura preguntó a Ortiz si alguna vez prestó servicio en el mencionado penal jujeño, algo que el ex militar negó de forma rotunda.
Algo realmente dudoso, dado el periodo de tiempo en el cual sirvió en el ejército bajo las órdenes del antes mencionado teniente primero Horacio Marengo, genocida condenado, entre otras causas, por su implicancia en el denominado “Operativo Aire 718”.
Finalmente, Ernesto Ortiz negó tener conocimiento sobre el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención (CCD) en la localidad de Guerrero y concluyó explicando: “A nosotros nos llevaban a lugares como el barrio militar a hacer instrucciones, después nos llevaban a Alto Padilla, a la escuela que estábamos construyendo y que terminó el ejército. En la infantería éramos gente de trabajo e instrucción nada más”.
“Solo por comentarios supe que se detenían personas por motivos políticos”
En segundo lugar, compareció Roque Ernesto Rivaneira, quien mencionó haber realizado el servicio militar obligatorio en el Distrito Jujuy en el año 1976. “Soy clase 55, y estuve destinado al RIM 20 durante un periodo de 45 días donde se nos instruyó y entrenó en tiro entre otras tareas”, detalló ante la sala.
Rivaneira declaró que trabajó como chofer y mecánico bajo las órdenes del teniente coronel del ejército Raúl Moreno. El testigo mencionó: “Mientras él estaba en su oficina, yo como chofer, le llevaba los chicos al colegio y después volvía”, sostuvo.
Al finalizar su instrucción y volver a su hogar, fue convocado nuevamente algún tiempo después, “por el conflicto limítrofe con Chile” que tuvo su punto más álgido en 1978, según mencionó y fue reincorporado al regimiento y la vida militar. Al ser consultado por detenciones ilegales durante los años que sirvió, el testigo respondió: “Solo por comentarios supe que se detenían a personas por motivos políticos, nunca supe donde los llevaban porque nunca tuve participación en esas cosas. Yo estaba en el Distrito Militar y no iba gente ahí”.
“¿Qué es el Distrito Militar?”, preguntó la fiscal Marina Cura, a lo que el ex conscripto contestó: “Eran unas oficinas, externas al RIM 20, donde venía gente y se las recibía para que entren al servicio militar, venía una clase nueva y anotaban sus datos para el ingreso. Ahí teníamos como oficiales al principal Paglioni y un sargento de apellido Burgos”.
Por otra parte, Rivaneira aseguró no tener conocimiento sobre el Centro Clandestino de Detención ubicado en la localidad de Guerrero, aunque admitió que en “tres o cuatro ocasiones” fue enviado por el teniente coronel Raúl Moreno al penal de Gorriti. “Me mandaban para que arreglara un automóvil Ford Falcon de color gris”, sostuvo, pero al igual que con la pregunta sobre el CCD de Guerrero, el ex militar negó tener información o haber visto detenidos en el penal argumentando con liviandad: “Yo solo iba a la parte del taller, nada más”.
El tercer testigo en prestar declaración testimonial fue Julio Teodomiro Bidone, testigo ofrecido por la defensa de los imputados, quien integró la plana mayor como sub jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5 (GAM 5) durante dos años (1975/76).
Bidone dijo que, entre sus funciones estuvo reemplazar al jefe, el Teniente Coronel Martínez, cuando no estaba en la unidad, instruir a las tropas, realizar actividades administrativas y controlar las casas del barrio militar. Y agregó: “Cuando el jefe estaba en Tucumán, yo me quedaba en Jujuy, los relevos eran cada 30 a 40 días, y cuando el jefe estaba en Jujuy, yo iba a Tucumán o viceversa”.
La fiscal Marina Cura indagó sobre cargos y funciones de los distintos oficiales que integraban la cúpula militar, y el testigo describió: “Las funciones del oficial del personal consistía en la administración de la jefatura de la unidad, era encargado de llevar a cabo los legajos y todo lo que tuviera relación con el manejo del personal. El de inteligencia cumplía la función de determinar cuáles eran los blancos, sus características, cómo debían ser atacados. El oficial de operaciones realizaba todas las actividades de la planificación militar. Los oficiales de coordinación y enlace son los que tienen contacto con otras unidades y transmiten las órdenes y los mensajes”.
Sin embargo, dijo que más allá de las funciones propias de cada cargo, era habitual que un oficial cumpla funciones que no le eran asignadas.
También mencionó a algunos de sus camaradas; Jorge Isaac Ripoll como capitán del RIM 20, oficial de logística, al Mayor Hugo José Bartolo Tabbia, como oficial de operaciones en el RIM 20, a Luis Donato Arenas, con grado de mayor, que pasó a integrar la plana mayor de la policía de la provincia de Jujuy y del imputado Juan Carlos Jones Tamayo, dijo: “Tamayo debía manejar la batería comando, la instrucción de su tropa, también era integrante de la unidad de inteligencia”. Todos ellos, ejecutores del terrorismo de Estado en Jujuy.
El ministerio público fiscal, le solicitó al ex militar que explicara a que se llamaba una fuerza de tareas y precisó: “Estaba integrada por elementos de distintas unidades del ejército para el combate, y las operaciones eran múltiples, una de ellas era contrarrestar en Tucumán a las fuerzas de la compañía Ramón Rosas Giménez del Ejército Revolucionario del Pueblo”. Y agregó que en Jujuy había un grupo de tareas que se había mandado a Tucumán conformado por el propio Bidone, el coronel José María Martínez, el subjefe del RIM 20, el Mayor Tabbia, el capitán Ripoll y el Mayor Arenas.
También se le preguntó sobre los órganos de inteligencia del ejército en Jujuy “Grupo Adelantados Jujuy” y sus miembros como: Sidney Edgard Page y Carlos Alberto Feijoo, de este último dijo que pertenecía a inteligencia y que Page: “Se desempeñaba en inteligencia y tenía una oficina en el RIM 20”. Adelantados Jujuy fue parte del destacamento de inteligencia 143 con asiento en Salta, delegación del Batallon 601, unidad especial de inteligencia del ejército.
En una clara estrategia para deslindar de responsabilidades a los imputados Jones Tamayo y Braga, Bidone definió a un oficial de estado mayor como el aspirante que cursa en la Escuela Superior de Guerra del Ejército y obtiene ese título, también advirtió que en el ejército un superior no puede delegar responsabilidad en un subalterno. En el mismo sentido, sobre la situación de ambos genocidas, dijo que fueron comisionados por el Coronel Bulacio para prestar servicios en el Regimiento de Infantería de Montaña y los legajos permanecían en la unidad de origen, donde quedaban registradas todas las designaciones y actividades e indicó: “Braga llegó a la unidad en el año 1976, venía con una lesión en la pierna, razón por la cual no hacía actividades operacionales”.
En un momento de la testimonial se le consultó por dos soldados desaparecidos, Mario Ivar Flores* y Dante Aníbal Tossi*, y si alguna vez había recibido algún pedido de información sobre los jóvenes, ambos pertenecientes a la unidad militar donde Bidone era el segundo jefe. El ex militar, ocultó toda información sobre las víctimas, pero paradójicamente recordó que; la policía de Tucumán, dejando claro que no era su responsabilidad, había matado a un conscripto que desertó del ejército y cumplía funciones en el GAM 5, era Mario Ivar (ver referencia), y además detalló que desertar era cuando: “un soldado se ausentaba sin permiso de la guarnición por más de 5 días”.
Sobre la denominada Noche del Apagón, el testigo dijo no haber ido nunca a Libertador Gral. San Martín ni tener conocimiento, también sostuvo que en el GAM 5 no había personas detenidas y tampoco se atendían a familiares de detenidos. Y sobre el secuestro de los estudiantes de la ciudad de Libertador dijo “Yo no participé en ninguna de esas actividades”. Sistemáticamente negó: haber participado en actividades de inteligencia durante el cumplimiento de sus funciones en el ejército, tener conocimiento sobre operativos represivos, y centros clandestinos de detención.
Pero sí afirmó, en contradicción, que en el RIM 20 estaban los “prisioneros de guerra”, y responsabilizó a ese regimiento de reunirlos y organizar la visita de sus familiares, cuando se le preguntó por el “Lugar de Reunión de Detenidos” LRD, terminología castrense que hace referencia a los lugares de confinamiento, hizo referencia a la policía militar, dijo que era una rama del ejército que se ocupaba del tránsito en la organización del combate y de la custodia de los “prisioneros de guerra”.
“Había presencia de militares en la puerta de los pabellones”
El último testigo fue Clemente Vera, ingresó a trabajar desde el 23 de julio del año 1970 en el servicio penitenciario de Gorriti. Durante el año 1976, Vera desempeñaba funciones en el pabellón N° 5 de esa unidad penitenciaria.
Relató que después del golpe de Estado, hubo cambios en el penal: “Había presencia de militares en la puerta de los pabellones”., y que sus funciones en el pabellón eran las de: “Atender a los rehenes detenidos procesados. Nosotros recibíamos detenidos, tomábamos sus pertenencias, anotábamos y les pasábamos las novedades a los jefes de guardia”. El testigo se caracterizó por no dar mayores precisiones y negó haber tenido contacto con presos políticos: “Estaban en otros pabellones, en el 1 y 3, yo no los ví”.
Sobre los imputados en la causa dijo: “Carlos Ortiz era oficial principal y le decían “Mongo”, Orlando Ricardo Ortiz trabajaba en las oficinas, eran hermanos, Carlos era más grande, más robusto que Ricardo. Herminio Zárate trabajaba en Tribunales, ahí había calabozos y él era el encargado de recibir a los detenidos, anotaba los horarios de llegada y salida. Mario Marcelo Gutiérrez era jefe del pabellón. Osvaldo Héctor Caraballo era chofer y cumplía otras funciones que no recuerdo”.
Cuando se le preguntó por la división Judicial, área donde el imputado Carlos Ortiz desempeñaba funciones, explicó que allí trabajaba Juan Carlos Lucero y una persona de apellido Guzmán, obviando mencionar a Ortiz, también dijo que en esa división se tomaban datos.
Finalmente contó que sus jefes de guardia eran Cabrera, un tal Roque y Cristaldo. Sin dar más aportes concluyó su testimonial.
*Mario Ivar Flores, tenía 25 años de edad, cursaba el tercer año de Abogacía en la Universidad de Tucumán cuando ingresó al servicio militar el 1º de marzo de 1975, fue destinado al Grupo de Artillería de Montaña 5 (GAM 5), en San Salvador de Jujuy. El 26 de mayo de 1976 su padre lo acompañó hasta la puerta del regimiento, el muchacho tenía temor, y comprobaron que los compañeros estaban entregando el equipo individual, signo inequívoco de baja inminente, tranquilo, su padre se retiró del lugar, Mario quedó en la unidad militar. El 1 de junio su padre volvió a esa dependencia del ejército, en busca de su hijo y le dijeron que había sido enviado a Tucumán. El 5 de junio le comunicaron que el joven había salido franco y que, si no volvía, sería declarado desertor. El 8 de junio el teniente coronel Carlos Jorge María Martínez, jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5, firmó la baja de Mario Ivar Flores «por haber consumado la falta militar grave de primera deserción». Sus compañeros recordaron que el 26 de mayo lo habían visto llegar acompañado por el padre, pero no lo vieron salir del cuartel, desde esa fecha permanece en calidad de víctima de desaparición forzada.
*Aníbal Dante Tosi, tenía 25 años de edad, nacido en Resistencia, Chaco. Era médico y fue incorporado al servicio militar como soldado del GAM 5. Había pedido prórroga para terminar la carrera. Su ausencia del cuartel fue notada en la mañana del 16 de junio de 1975. El joven médico fue dado de baja por desertor. La familia se enteró porque la abuela de Aníbal Dante recibió la noticia por medio de un pariente que era teniente coronel. De Aníbal no se supo nada más desde aquel día.