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La provincia de Jujuy quedó afuera del reparto por parte del Gobierno nacional de $400.000 millones en adelantos por coparticipación federal para 12 distritos, incluso para algunos administrados por opositores. El criterio fue la capacidad de repago de los distritos.
La entrega de estos anticipos financieros se oficializó a través del decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, en una medida que apunta a aliviar tensiones fiscales en los distritos y, al mismo tiempo, sostener la relación política con los gobernadores en un contexto de negociación permanente.
Los distritos alcanzados son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Más allá de los aliados, en esta ocasión se incluyó en la repartija a los terruños del riojano Ricardo Quintela y del fueguino Gustavo Melella, ambos opositores la gestión de Javier Milei, un dato que grafica la complejidad de la situación y la necesidad de la Casa Rosada de evitar una escalada que termine golpeando al Presidente.
La asistencia contempla hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación, con la condición de que sean reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal.
Según lo establecido, será la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía la que determine cuánto recibirá cada jurisdicción en función de su capacidad de pago y su participación en la recaudación nacional.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y se inscribe en una estrategia para mostrar una postura más flexible frente a las provincias, en momentos en que la Casa Rosada necesita respaldos políticos.
Devolución con intereses
El esquema prevé que la devolución de los fondos se realice mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación, con más intereses calculados a una tasa fija nominal anual del 15%.
La autoridad económica también podrá acordar con cada provincia las condiciones específicas de desembolso, plazos y mecanismos de reintegro.
Para acceder a los anticipos, publica Ámbito, las provincias deberán autorizar al organismo nacional a descontar los recursos correspondientes hasta cancelar el total de la asistencia más los intereses.
Además, la normativa establece que los distritos deberán comprometer su participación en el régimen de distribución de recursos de la Ley 23.548 u otros fondos coparticipables.
Toma y daca
La decisión llega en medio de un escenario complejo para las cuentas provinciales, con ocho meses consecutivos de caída en la recaudación. Según estimaciones oficiales, los ingresos del primer trimestre registraron una baja cercana al billón de pesos frente al mismo período del año pasado.
En las provincias reconocen que la situación es crítica y generalizada. “La situación es dramática, están todos preocupados”, admiten desde los distritos, donde la presión de las paritarias y el deterioro de los ingresos mantienen abiertos múltiples frentes de conflicto.
Del otro lado, en la Casa Rosada trabajan en el proyecto de reforma electoral y estudian una ofrenda de paz para los gobernadores con el objetivo de granjearse sus respaldos en el Congreso.
