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El lunes se realiza en todo el país la cuarta manifestación de Ni Una Menos, reiterando el reclamo de políticas activas para erradicar la violencia de género y los femicidios, y en defensa de los derechos de las mujeres. En Jujuy, la movilización se produce en un momento en el que crece el número de femicidios, la atención a víctimas de violencia no llega en tiempo y forma, y la articulación entre la justicia y la policía no funciona, de modo que las medidas de protección se demoran o no llegan a tiempo.
-Se realiza una nueva movilización de Ni Una Menos. ¿Hubo cambios desde la primera, en 2015, o sigue todo igual?
-No solo que todo sigue igual, sino que en Jujuy volvemos a estar como en el primer Ni Una Menos, lamentando otro femicidio mientras convocamos a la marcha.
Mariana Vargas, abogada integrante de la Multisectorial de Mujeres, se refiere a Gladis Alberto, la joven de 24 años que fue envenenada la semana pasada y por cuyo asesinato está imputado el dueño del inquilinato donde ella vivía, acusado de “homicidio agravado por el uso de veneno”, delito que podría ser cambiado a “femicidio” a partir de los resultados de la autopsia.
En diálogo con El Submarino Radio (91.5), Vargas comentó que la Multisectorial va a reiterar el pedido de declaración de emergencia provincial en materia de violencia de género, una demanda que sostiene desde el año 2007. “El estado no da abasto para enfrentar lo que sucede porque está decidido a no destinar los fondos necesarios -diagnosticó Vargas-. Ya no se trata de que haya un centro de atención a víctimas en la ciudad, sino que necesitamos un centro por barrio, donde las mujeres puedan acceder y con un equipo interdisciplinario que vaya a las casas”.
Explicó que si bien hay varios centros de atención a víctimas de violencia, sobre todo los del interior no tienen equipo estable, por lo que un mismo equipo se va turnando en las distintas localidades y los centros permanecen cerrados durante varios días.
Pero el problema no está solo en la atención de víctimas de violencia para evitar los femicidios. Está además la cuestión de la atención de los niños víctimas, y el caso de Alexis Mamaní es un lamentable ejemplo de esto.
“No se puede atender situaciones como la de Alexis, de niñas y niños víctimas de violencia patriarcal, con equipos integrados por ejemplo por una trabajadora asistente social que cobra 8 mil pesos por mes, y que encima le pagan con tres meses de atraso. No es la forma, por eso sigue habiendo muertes”, describió la abogada.
La declaración de emergencia está incluida en un programa que la Multisectorial llevará a los diputados provinciales. También está la instalación de un centro de atención a víctimas por barrio, los refugios y la implementación de un subsidio. “Las mujeres no pueden resolver su situación económica después de la separación -remarcó Varga-. No se trata de darles un plancito”.
“Ahora están metiendo la idea de que no se pueden evaluar los riesgos, y que entonces no se pueden prevenir muertes como la de Alexis. Pero sí se pueden prevenir estas muertes. Nosotras decimos que los femicidios son muertes evitables, que hay que detener al violento. Con una medida de protección podemos lograr que la violencia cese y baje la crisis”, agregó.
La policía y la justicia tampoco están cumpliendo con el papel que requiere la situación. “Hay mujeres que logran escapar de un episodio de violencia, van a hacer la denuncia y cuando llegan no hay oficiales que se la tomen”, reveló Vargas, y continuó: “En otros casos, cuando la mujer se anima y logra hacer la denuncia, si hay lesiones y amenazas debería haber una medida cautelar urgente de parte del fiscal, y lo no estamos logrando”.
-¿Por qué no se está logrando eso?
-Porque el fiscal primero le pide las medidas a la jueza, en ligar de ordenarlas él directamente, salvo que sea la detención. Por otro lado las mujeres, al hacer la denuncia, deben obtener de forma inmediata la medida de protección, que era el objetivo de unir lo penal con lo civil, pero sin embargo el policía plantea obstáculos.
-¿Se refiere al fiscal Alejandro Bosatti, especializado en violencia de género? ¿Está diciendo que le pide permiso a la jueza Martínez antes de tomar decisiones?
-Así es. De todos modos vemos que hay distintas formas de trabajo. En San Pedro, donde funciona el Ministerio Fiscal que atiende el ramal, el fiscal sí ordena las medidas, que pueden ser exclusión de hogar o restricción, después lo hace ratificar por la juez ratificada en violencia. Pero en San Salvador de Jujuy las medidas son solicitadas por el fiscal a la jueza, a excepción de las detenciones, que yo diría que son ilegales, entre comillas, porque son sin orden judicial. Y en ese caso no piden la orden a la jueza, sino que deciden la detención apenas se les agotan las 48 horas de averiguación de antecedentes que ellos manejan.
-¿Cómo influyen todas estas cuestiones en la atención directa a la mujer víctima de violencia?
-El problema es el tiempo que demora una mujer en obtener una medida de protección. No hay solución inmediata. La idea al unificar lo civil y lo penal, es que quien va a una comisaría obtenga la medida de protección para que se frene la violencia.
La trata: complicidad
-Más allá de la violencia familiar y los femicidios, está también el problema de la trata. ¿Cómo está ese tema?
-Siempre hemos tenido discusiones, tanto con el gobierno anterior como con el actual. Lo venimos debatiendo con funcionarios de todo tipo y otra vez se dice que en Jujuy no hay trata, pero tenemos casos probados. Está el caso Cintia Tolaba, la chica de 15 años que desapareció hace dos años en Santa Clara, donde el mismo fiscal Blanco plantea que es un tema de trata, pero sin embargo no remite el expediente a la justicia federal, como quedó en hacer. La mamá de Cintia se fue sola a Bolivia a buscar a su hija. Estuvo tres meses. Cuando le preguntamos por qué se había ido a Bolivia, y nos contó que hace un año apareció otra chica que había estado perdida y que fue rescatada por su tía en Bolivia. Esa chica había sido raptada con engaños y la estaban prostituyendo en Bolivia, según nos dijo la mamá de Cintia. Por eso ella se fue, en absoluto desamparo, porque el estado no está buscando a Cintia Tolaba. La buscan la familia, el tío que se fue medio año a Tucumán, a Misiones, y le daba la foto de la chica a cada camionero que se iba para Chile o Bolivia.
-Está también el caso de las dos hermanas de San Pedro que habían desaparecido…
-Sí, en ese caso aparecieron las dos. Estaban secuestradas en El Bananal. Mariana, la más grande, logró escapar, y empezamos a buscar a la más chica. Gracias a la campaña que hicimos desde el movimiento de mujeres, especialmente de la Casa de la Mujer María Conti, una persona la reconoció en Salta y logramos el rescate. Por otro lado, tenemos en Mendoza a Agüero, un condenado que secuestró a Mónica en San Pedro, frente a los tribunales. Fue condenado a 8 años de prisión por trata y abuso sexual, pero apeló su condena y después se perdió el expediente. Suponemos que todo eso se hizo por plata. Finalmente el año pasado fue liberado, antes de tiempo, y apareció de nuevo en San Pedro de Jujuy. La casualidad es que antes de que nos enteráramos de su liberación, la Casa de la Mujer recibió a una mujer que había pasado por una situación de violencia muy parecida a la que había sufrido Mónica en su cautiverio.
-Es decir que la trata no se combate ni tampoco se busca a las chicas desaparecidas…
-El estado que dice que no hay trata y entonces no busca a las pibas. Hay un problema con este gobierno, con este estado. Hay una situación de desamparo y en definitiva una situación de complicidad con las redes de trata.
