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Integrantes de la Intersindical de Derechos Humanos que llegaron a Jujuy desde distintos puntos del país presentaron sendas notas al titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello, y al juez de Ejecución Penal, Emilio Cattan, para pedir por la libertad de Milagro Sala, el otorgamiento de la condicional a Javier Nievas y, en general, por el cese de la persecución política hacia referentes sociales.
En la nota dirigida a Lello, los sindicalistas le dicen que «está absolutamente imbuido de un odio personal hacia Milagro Sala que nubla su razonamiento», y le exigen que «deje de extorsionar a jueces y juezas de Jujuy» y cumpla con las resoluciones de los organismos internacionales» que ordenaron que la dirigente social transcurra el proceso en libertad». Y le advierten que podrían denunciarlo en el fuero federal «por sus conductas contrarias a la Constitución Nacional».
Al juez Cattan le piden puntualmente que le otorgue la libertad condicional a Javier Nievas, condenado en la causa Pibes Villeros, porque ya cumplió «holgadamente» los dos tercios de la pena que recibió. Dicen que mantener la privación de la libertad de Nievas «constituye un trato arbitrario», porque ya se concedió la libertad a las demás personas imputadas en la causa. «Está en sus manos, señor juez, reparar esta iniquidad», señalan.
La Intersindical de Derechos Humanos es un colectivo de más de 50 gremios de diversas extracciones que integran la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Corriente Federal de Trabajadores. A Jujuy llegó una delegación compuesta por representantes de los sindicatos de curtidores, docentes, judiciales y la Federación Gráfica Bonaerense, entre otros.
Pablo Lucione, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, forma parte del grupo que permanece dos días en la provincia. Además de presentar las notas a los funcionarios judiciales, van a visitar a Milagro Sala y el resto de los presos políticos de Jujuy. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), explicó: «El objetivo es seguir con lo que hacemos desde el 16 de enero de 2016», en referencia al día en que fue detenida la referente de la Tupac Amaru.
«Venimos a ver a Milagro, a los cuatro compañeros que están en prisión domiciliaria y también a los que fueron liberados, que fueron tardíamente porque hacía tiempo que habían cumplido los dos tercios de sus condenas, que además son condenas injustas», indicó Lucione.
La presentación de la nota dirigida a Sergio Lello está motivada en la intención del titular del MPA de que Milagro Sala vuelva a ser alojada en un establecimiento penitenciario. Lucione remarcó que esto «es contradictorio con lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que ratificó la Corte Suprema, que indica que Milagro Sala tiene que esperar su proceso de tres maneras: una sería en libertad, que es la que creemos nosotros que tiene que ser; otra con un sistema de geolocalización que le permita moverse y saber dónde está, o la última, que es la peor, que es la que la justicia jujeña y el gobernador decidieron para ella, que es la prisión domiciliaria».
«De esas tres cosas no se puede salir. La única manera de que Milagro espere su proceso es una de esas tres opciones. Volver al penal sería declararse en rebeldía con la Constitución Nacional, con los organismos de derechos humanos y con organizaciones internacionales de derechos humanos», completó.
El sindicalista analizó el contexto general. «Sabemos que la situación de la provincia es muy difícil. La organización Tupac Amaru está proscripta y a los trabajadores les impiden manifestarse de manera muy violenta, con represión. Estamos al tanto de lo que ocurre y no nos sorprende», señaló.
«Cuando asumió Gerardo Morales, lo primero que hizo fue condicionar a la justicia para tener una justicia adicta que siga sus mandatos», recordó, y continuó: «El otro día estaba viendo en la señal de La Nación+ a dos periodistas que estaban enojados con Morales porque decían que es un desagradecido, y hacían una enumeración de las cosas que hizo Macri por Morales, que le dio el litio, le arregló el aeropuerto y que colaboró en la cruzada contra Milagro Sala. O sea que es obsceno cómo la derecha reconoce que aquí hubo una persecución política y un hostigamiento a Milagro Sala y a la organización Tupac Amaru».
Las notas
En la nota entregada al juez de Ejecución Penal, Emilio Cattan, los sindicalistas le piden que le otorgue la libertad condicional a Javier Nievas, procesado y condenado en la causa Pibes Villeros, «toda vez que se encuentra cumplido holgadamente los dos tercios de la condena que pesara sobre él».
Dicen que mantener la privación de la libertad de Nievas «constituye un trato arbitrario», porque ya se concedió la libertad a las demás personas imputadas en la causa. «Está en sus manos, señor juez, reparar esta iniquidad», señalan.
La nota a Lello, en tanto, está dirigida «al Sr. Fiscal General», sin nombrarlo. Empiezan diciendo que «el 16 de enero de 2016 se inició un proceso político oscuro para la provincia de Jujuy» y mencionan los repudios de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, además de resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH y la Corte Suprema de Justicia de la Nación «por la detención arbitraria e ilegal de Milagro Sala, quien hasta hoy continúa detenida arbitraria, ilegal e injustamente».
Afirman que la dirigente social es sometida a una «persecución política, judicial y mediática» que «tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y algunos miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy».
Señalan luego que esta persecución tiene «un objetivo bien determinado: diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio de la obra pública de viviendas sociales y construir presupuestos participativos en la materia», en referencia a la Organización Tupac Amaru.
Remarcan además que la Tupac «puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, y que dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, discapacitados, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social».
«Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder real. Está presa por ser mujer, negra, indígena y luchadora».
Afirman luego que Gerardo Morales «busca hacer campaña política» a partir de la detención de Sala, y aclaran: «Pero no logró quebrar moral y políticamente a Milagro. Ella y su organización continúan de pie».
Enumeran más adelante algunas de las irregularidades cometidas en los procesos judiciales contra Milagro Sala, como que «nunca conoció de qué se la acusaba», la «falta de claridad y sorpresa constante» sobre las acusaciones, que no se le permitiera incorporar pruebas de descargo y que haya estado ausente del debate oral «por más de 60 días».
También mencionan el hecho de que el tribunal «negó categóricamente cualquier tipo de registro de las audiencias».
En la nota, aseguran que Lello «está absolutamente imbuido de un odio personal hacia Milagro Sala que nubla su razonamiento».
Sobre el final, le exigen que «deje de extorsionar a jueces y juezas de Jujuy» y que cumpla con las resoluciones de los organismos internacionales «que ordenaron que Milagro transcurra el proceso en libertad». Y aclaran: «Todo esto bajo apercibimiento de denunciarlo en el fuero federal por sus conductas contrarias a la Constitución Nacional».
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