Notificarán a Pablo Baca sobre el pedido de juicio político y deberá contestar en 5 días 

La Comisión Investigadora (CI) del pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Pablo Baca, mantuvo esta mañana su primera reunión, en la que sus integrante comenzaron a analizar la denuncia. Además, elaboraron la notificación que le entregarán a Baca, que deberá responder en un plazo no mayor a cinco días.

Bajo la presidencia del Ramiro Tizón (Partido Socialista-Juntos por el Cambio), integran la CI los diputados Alberto Bernis (UCR-Juntos por el Cambio), Susana Haquim (Primero Jujuy) y los justicialistas Juan Cardozo y Alfredo Gerry.

En diálogo con medios locales, Tizón explicó: «Hoy tuvimos la primera reunión, para establecer las formas de trabajo, fijar los días y certificar autoridades. Ahora vamos a notificar al doctor Baca para que dentro de los cinco días presente su contestación y ofrezca la prueba que estime que corresponde».

Tizón encabezó también la CI que analizó los pedidos de juicio político que había presentado el Ejecutivo provincial contra el fiscal general del STJ, Alejandro Ficoseco, y miembros del Tribunal de Cuentas, pedidos que finalmente no prosperaron.

En esta oportunidad, el legislador consideró que «los pedidos de juicio político tienen siempre trascendencia institucional», y estimó que, en este caso, «la particularidad es que se hace contra un miembro que es cabeza de un poder del Estado».

«Le garantizamos al denunciado que se va a cumplir con todas y cada una de las garantías de la Constitución», afirmó Tizón.

En tanto, Pablo Baca sigue de licencia de su cargo y confirmó que no va a presentar su renuncia.

Cómo sigue 

Una vez que Pablo Baca presente su descargo, la CI va a analizar las pruebas de todas las partes y buscará a su vez evidencias y testimonios.

En 20 días tiene que expedirse, aunque ese plazo puede extenderse por 10 días más. Realizará luego su presentación ante la Sala Acusadora, que va a definir si avanza con una acusación.

Sobre Baca pesa además una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y retardo de justicia, que presentaron un grupo de diputadas y diputados del Frente de Todos-PJ.

El escándalo se relaciona con la difusión de conversaciones en las que el ahora licenciado titular del STJ admite la injerencia del Poder Ejecutivo, en particular del gobernador Gerardo Morales, en la tarea del Judicial. También afirma en esos audios que el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello presiona a jueces y fiscales.

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