En su sexto día de prisión y tras recibir la primera visita familiar autorizada, el ex presidente brasileño Lula da Silva sufrió otro golpe judicial. Según informaron sus abogados, un tribunal de Sao Paulo decidió la inhibición de sus bienes, del Instituto Lula y de la empresa Lils, que gestiona sus conferencias públicas. El motivo es una supuesta deuda de 30 millones de reales (unos 8,8 millones de dólares) con el Estado.
Desde el Instituto decidieron desconocer el fallo y denunciar la existencia de una “guerra jurídica con fines políticos” contra el ex mandatario, que sigue liderando todas las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre, para las cuales pretenden inhabilitarlo.
“Ni el Instituto, ni Lula, ni Paulo Okamotto (presidente del instituto) tienen 30 millones de reales”, aseguró la organización a través de un comunicado. Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) denunciaron que hay un intento burdo por quitarle “cualquier posibilidad de defensa (jurídica), al privarlo de sus bienes y recursos para garantizar un débito tributario que todavía está siendo discutido en la esfera administrativa”.
El fallo judicial adjudica a Lula un patrimonio que no tiene y desconoce la impugnación del bloqueo de bienes que ya había intentado imponer la justicia.