Una reforma legal y una nueva resolución de la Cámara Federal de Casación Penal para mejorar la acordada 1/12, conocida como las «Reglas Prácticas de Casación» que hace tres años ordenan y agilizan diferentes aspectos de los procesos, se encuentran entre las propuestas que serán abordadas en la discusión para la confección de un documento. Los asistentes coincidieron en que hay un «problema político» en relación con el juzgamiento de civiles, que se evidencia en las diferentes sentencias. Y, por ese motivo, se promovió desde los abogados y abogadas organizadores una «respuesta política» mediante un pronunciamiento que se conocería al final del encuentro.
Complicidad civil
Los obstáculos que enfrentan abogados y fiscales de causas de lesa humanidad que involucran a civiles con la dictadura cívico militar fueron expuestos en dos jornadas que se realizaron en el espacio ex ESMA y tuvieron como cierre la exposición del reconocido ex juez profesor de Derecho Penal, Julio Maier.
La interpelación a la administración de justicia comenzó el viernes con la apertura por parte de Ana Oberlín, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y del titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
En diálogo con Télam, el fiscal celebró la realización del foro por ser «un testimonio de interpelación permanente al sistema judicial que sigue en deuda a la luz de los últimos fallos».
Auat se refirió así a los fallos que beneficiaron con la falta de mérito al dueño de Ledesma, Pedro Blaquier y a Vicente Massot, propietario del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, acusados de complicidad con la dictadura cívico militar.
La responsabilidad judicial y empresarial durante el terrorismo de Estado fue debatida también en los casos de Marcos Levín, dueño de la empresa de transporte la Veloz del Norte; y de Ford, relatados por abogados y fiscales que investigan la desaparición de personas asociadas al proceso de concentración de capital o de desarticulación de los sindicatos.
«Existe un universo de dificultades que no están superadas y ésa es la preocupación de este colectivo que busca celeridad en los procesos ante la impunidad biológica de los imputados», destacó el fiscal de crímenes de lesa humanidad.
Télam / fiscales.gob.ar