En declaraciones a Radio Caput, Garrigós afirmó que «es injustificable la detención de Milagro Sala» y que «los jueces de Jujuy son permeables a los pedidos del poder político jujeño». Además consideró que «ya somos un papelón internacional» y que «por esto, la Argentina va a ser sancionada internacionalmente».
El 14 de diciembre pasado, la AMJA distinguió por su rol como presidenta del STJ a la jueza Clara Aurora De Langhe de Falcone, una pieza clave en el armado del gobierno de Gerardo Morales para mantener detenida a Milagro Sala, a pesar de los pedidos de «inmediata liberación» de la ONU y las condenas públicas del titular de la OEA. Frente a esa distinción, casi una decena de juezas expresaron su “profundo desagrado» y presentaron su renuncia, entre ellas, la jueza de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, María Laura Garrigós de Rébori, quien sostuvo que con esa mención la asociación «se alinea con la actividad de los jueces de Jujuy, que nos están llevando a la condena internacional».
Garrigós de Rébori, que integraba la asociación desde su constitución, desistió de asistir al agasajo hecho a Langhe de Falcone y denunció que la AMJA «no hizo nada en repudio a lo que está ocurriendo con la detención arbitraria de Milagro Sala». «Como jueces –sostuvo– asumimos un compromiso como organismo del Estado frente a las responsabilidades internacionales y no lo podemos eludir. Lo saben, pero deciden ignorarlo». En ese tono, la jueza reclamó que «a los jueces jujeños se los interpele», al considerar que su desempeño «amerita la intervención federal».
El 1° de diciembre, dos semanas antes de la distinción, el tribunal presidido por Langhe de Falcone declaró la inconstitucionalidad de los fueros de inmunidad para Milagro Sala como diputada del Parlasur y confirmó su prisión preventiva, aunque se pronunció sobre apelaciones que no habían incorporado las resoluciones de Naciones Unidas. Además, Langhe de Falcone es la suegra del juez Gastón Mercau, quien solicitó el pedido de detención contra Sala a principios de enero por el acampe en la Plaza Belgrano –cuya sentencia se conoció esta tarde–, pero cuando ya había ordenado la prisión preventiva en otra causa de defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, sin acreditar los motivos de la detención.
«Ya lleva 346 días privada de su libertad sin condena”, resalta el escrito redactado originalmente por la jueza de Santa Cruz Alicia de los Ángeles Mercau y al que adhirieron las también renunciantes a la (AMJA): Cristina de los Ángeles Lembeye, Connie Rossanna Naves, Rosa Nuñez, Paula Ludueña Campos y René Fernández, María de los Ángeles Bonzano y Mariana Perez Villalobo.
En una entrevista publicada en el diario Página/12, Garrigós aseguró que no tiene sustento la invocación al federalismo y la independencia de la justicia jujeña que ha sido hasta el momento el argumento del Ejecutivo provincial y nacional para evitar cumplir con las resoluciones de la ONU. «Saben, como cualquier estudiante de primer año de Derecho, que el único responsable por los tratados internacionales es el gobierno federal, aún por los actos que lleven adelante los estados provinciales», explicó.
«A los organismos internacionales no reparan en la organización política de los Estados miembro -continuó-. Ya hemos sido condenados en la CIDH por la actividad del servicio penitenciario de Mendoza y nada tenia que ver el Estado nacional allí, pero la condena fue para la República Argentina».
La magistrada fue más allá: aseguró que la situación «amerita una intervención federal porque todos los organismos internacionales de Derechos Humanos están reclamando públicamente que la detención de Sala no puede sostenerse de acuerdo a los compromisos firmados por el Estado», y advirtió: «Los organismos están anticipando que, a la larga, la Argentina va a terminar siendo condenada por la arbitrariedad de la detención preventiva de Milagro, independientemente de lo que resulte de los expedientes que se siguen en su contra».
Precisó que el Ejecutivo nacional «desde lo institucional debería presentar el pedido de intervención ante el Legislativo, pero desde lo político siendo que el gobernador integra la alianza gobernante podría tener otro tipo de actitud», y afirmó: «Esto no tiene que ver con los institucional sino con el juego de alianzas».