En un nuevo aniversario del primer grito colectivo contra la violencia machista, Amnistía Internacional llama la atención sobre ataques que ponen en peligro a mujeres y a personas de la comunidad LGBTI+ en Argentina. La organización insta a las autoridades estatales a fortalecer y sostener las políticas públicas de prevención, atención y protección para garantizar una vida libre de violencias.
En 2023, nuestro país registró un femicidio cada 27 horas, es decir 322 mujeres fueron víctimas de violencia machista en el año. Los datos surgen del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN). Además, en los primeros cinco meses de 2024, hubo 78 femicidios en diferentes provincias del país, según datos de la sociedad civil.
En contextos de crisis económica y social, la violencia de género se profundiza. Esta situación se ve agravada por narrativas que niegan la violencia de género, la falta de claridad sobre las políticas públicas y los recortes presupuestarios a programas necesarios para abordar esta problemática. De hecho, el presupuesto destinado a combatir esta problemática es, en términos reales, un 33% más bajo que en 2023, lo que representa un ajuste más severo que el del presupuesto nacional total, que fue del 24%.
Sumado a ello, la reciente transferencia de la Subsecretaría de protección contra la violencia de género del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia es una muestra más de que el gobierno reduce la violencia de género al aspecto delictivo, ignorando su naturaleza estructural y multicausal. Esta decisión pone en riesgo las políticas públicas integrales y los programas específicos necesarios para abordar esta problemática en su complejidad. Contexto que se ve agravado por la feminización de la pobreza, donde 2 de cada 3 personas con menores ingresos son mujeres.
La falta de acceso a derechos también es violencia
La batalla por el control de la vida y cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres es otra manifestación de la violencia de género. En la actualidad el gobierno está deteriorando el funcionamiento de aquellas políticas públicas que funcionan como pilares para la toma de decisiones libres e informadas:
La sostenibilidad de la Educación Sexual Integral (ESI) se encuentra amenazada bajo la actual gestión de gobierno en la que se promueven narrativas que descalifican la ESI como una forma de adoctrinamiento bajo la supuesta «ideología de género». Esta visión busca reducirIa a un abordaje biologicista, negando a miles de chicos y chicas el acceso a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
A esto se suma la erosión del Plan de prevención del embarazo no intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que enfrenta recortes presupuestarios significativos. El Gobierno nacional desmantela una política efectiva que puso a las jóvenes en el centro con el acompañamiento de profesionales en centros de salud y en las escuelas y así logró la reducción de la tasa de fecundidad adolescente en un 49% y con ello combatir la reproducción intergeneracional de la pobreza.
La falta de métodos anticonceptivos e insumos para acceso al aborto, ante la paralización de su envío por parte del Estado nacional, contribuye a profundizar la desigualdad entre las niñas y mujeres de nuestro país y pone en riesgo la salud, la vida y el futuro de las mujeres.
“Observamos con profunda preocupación cómo este gobierno, que es muy firme para tomar decisiones estructurales, con ese mismo énfasis corre del centro de la escena a las verdaderas protagonistas: las niñas y mujeres víctimas de violencia. A este diagnóstico se suma el aumento de discursos de odio y desinformación promovidos por autoridades nacionales”, señaló Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Escalada de violencia digital y crímenes de odio, un patrón preocupante en Argentina
Las plataformas sociales han jugado un rol clave para amplificar de manera transfronteriza las voces de los movimientos feministas, tal como lo demuestran las históricas movilizaciones de #NiUnaMenos, #MeToo, #LaMareaVerde. Sin embargo, en la actualidad la inacción de las empresas dueñas de las plataformas y del Estado ante la violencia de género en el entorno digital repercute en detrimento de la pluralidad de voces en el debate público y vulnera la libertad de expresión de mujeres y disidencias de género.
Esta modalidad de violencia se caracteriza por ser continua, sistemática y perdurar en el tiempo indefinidamente, dada la imposibilidad de borrar por completo la huella digital, con consecuencias que pueden ser devastadoras para las personas que la padecen.
“Las respuestas institucionales a la propagación de violencia digital han sido y son insatisfactorias. Ni los poderes estatales, ni las empresas dueñas de plataformas digitales brindan caminos adecuados para combatir esta problemática. El Estado debe a dictar medidas claras para las empresas que operan en entornos digitales con el fin de proteger y respetar los derechos mujeres y diversidades” señaló Lucila Galkin Sutton directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina.
A su vez, los discursos de odio que se propagan incitan a la violencia y generan un contexto que habilita y valida ataques hacia las personas LGBTI+. El crimen de odio el 6 de mayo contra cuatro mujeres lesbianas en Barracas no es un hecho aislado, sino que se da en un contexto de crueldad y deshumanización. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI+, durante 2023 se registraron 133 crímenes de odio motivados por orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Por ello desde Amnistía Internacional exigimos que la justicia realice una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y con perspectiva de género para esclarecer el crimen de Barracas y que la causa penal se caratule como crimen de odio.
