Ofrecen recompensas de $100.000 por datos para dar con dos represores prófugos.
A través de resoluciones publicadas el pasado 2 de julio de este año, en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el Gobierno nacional ofrece recompensas de 100.000 pesos (vigentes por 12 meses desde hoy) para quienes aporten datos sobre el paradero del ex intendente de San Rafael (Mendoza) Luis Alberto Stulhdreher y del ex jefe del Servicio de Inteligencia de Jujuy Juan Carlos Jones Tamayo, ambos prófugos de la Justicia, acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante su actuación en la última dictadura cívico militar.
Las personas que puedan y deseen suministrar datos para favorecer el hallazgo de los prófugos indicados deben llamar al (011) 5300-4020, correspondiente a la Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia.
La captura de Jones Tamayo (DNI 8.162.182) fue solicitada por el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Jujuy, a cargo de Fernando Proviña. Nacido en Salta hace 69 años, el represor tiene pedido de captura nacional desde el 4 de octubre de 2011.
Jones Tamayo es acusado de cometer delitos de lesa humanidad en el III Cuerpo del Ejército, entre ellos, la desaparición de la maestra Dominga Álvarez de Scurta, secuestrada en su casa en mayo de 1976. La docente estuvo alojada en la delegación central de la policía jujeña, donde fue torturada antes de ser trasladada a la cárcel de Villa Gorriti. Allí fue vista con vida por última vez hace 36 años.
En 1984, el cuerpo de la maestra y militante social fue hallado en el cementerio de Yala, donde había sido inhumado como NN luego de permanecer enterrado en un predio del Ejército en cercanías de Alto Padilla, según comprobó la Justicia.
En tanto, Stulhdreher (66 años, LE 6.816.105), quien estuviera a cargo de la sub área 315 del Ejército Argentino y fuera el primer intendente de San Rafael en la dictadura (entre marzo y julio de 1976) por decreto del dictador Jorge Rafael Videla, fue una pieza clave de la represión ilegal en la provincia de Mendoza.
Ya en democracia, regenteó la empresa de seguridad privada ASIFAR, que tuvo a cargo la custodia de los edificios municipales de la capital mendocina hasta 2002, mientras que luego, hasta el año 2005, se desempeñó como Director de Logística del Ministerio de Seguridad provincial.
El prófugo, que está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, había evitado ser acusado en el primer juicio, desarrollado en junio de 2010. Su abogado, Eduardo Mestre Brizuela, había logrado desligarlo de la causa solicitando la falta de mérito a través de un escrito presentado ante la sala de la Cámara Federal de Apelaciones que él mismo había integrado, conformada por Julio Petra, Enrique Sosa Arditti y Carlos Pereyra González.
La renovación de la Cámara, que a partir de su nueva integración revisó unas 300 apelaciones, entre ellas la de Stulhdreher, dio lugar al pedido de detención por parte del fiscal Francisco Maldonado, medida que fue ordenada por el juez federal subrogante Eduardo Ariel Puigdéngolas, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Instrucción de San Rafael.