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El jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, recordó las protestas que se vivieron en Chile, en el quinto aniversario del estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019, y exhortó al Estado a hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.
«El Estado debe cumplir con su obligación de hacer justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes, documentadas por esta oficina y otros actores», pidió Jarab, en un breve comunicado.
Aunque hizo mención al vandalismo y otras formas de violencia que se evidenciaron en las protestas, las cuales consideró «inaceptables», Jarab señaló que lo que más debe llamar a la reflexión son las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
«El Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, lo que en ningún caso puede significar arbitrariedad o impunidad, sino la obligación de actuar en línea con las normas internacionales de derechos humanos y rendir cuentas», enfatizó.
Asimismo, instó también a las autoridades chilenas a seguir avanzando en materia de «verdad, reparación, memoria y garantías de no repetición».
De acuerdo con Jarab, a cinco años del estallido, las causas estructurales del malestar social «siguen vigentes», sobre todo «la profunda desigualdad en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».
A la espera
Por su parte, desde Amnistía Internacional señalaron este viernes que las víctimas y sus familiares continúan a la espera de justicia y reparación integral, tras la respuesta represiva de agentes del Estado a las manifestaciones.
«Las víctimas han estado abandonadas durante todos estos años y se sienten defraudadas. Además de lidiar con la falta de reparación integral, han tenido que soportar los discursos criminalizadores y negacionistas de diversas autoridades y eso es, sin duda, una revictimización inaceptable», dijo Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.
Según la organización, de 10.142 denuncias por la brutalidad policial y de las Fuerzas Armadas ejercida durante el estallido, menos del 1 % ha obtenido justicia. «El 99% restante sigue a la espera y muchas de ellas podrían no llegar a ser investigadas», detalló.
El 18 de octubre de 2019 comenzaron movilizaciones estudiantiles en Chile que, a partir de ese momento, pusieron en jaque al Gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera. El estallido inició producto del reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro, pero luego se transformó en un pedido por mayor igualdad en temas económicos y sociales.
