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En un movimiento que huele más a estrategia de distracción que a rigor judicial, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a la carga contra Cristina Kirchner. Esta vez, el objetivo es quirúrgico: prohibirle que se asome al balcón de su arresto domiciliario en San José 1111 para tomar contacto con la militancia.
El pedido al TOF 2 no es solo una cuestión de «paz vecinal». Es un intento desesperado por cortar el único canal de oxigenación política que le queda a la exmandataria, justo después del masivo respaldo que recibió en Comodoro Py y el pasado 24 de marzo. Los fiscales no se andan con vueltas: exigen que se le advierta sobre la revocación de la domiciliaria si no deja de «alterar el orden público» saludando desde su propia casa.
El «ofertón» judicial para el oficialismo
Lo más llamativo no es el pedido en sí, sino cuándo ocurre. La presentación de 9 páginas cae como un bálsamo para un Gobierno nacional que hoy está contra las cuerdas. Mientras Luciani y Mola se desvelan por un balcón, el oficialismo intenta surfear dos escándalos que queman:
- La causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
- La explosiva investigación por la criptoestafa de Libra, que tiene en la mira tanto al presidente Javier Milei como a su hermana y secretaria, Karina Milei.
¿Cárcel común o show mediático?
A pesar de que la Cámara de Casación ya ratificó la domiciliaria para Cristina —de 72 años y sobreviviente de un intento de magnicidio—, los fiscales insisten con el «trato desigual» y presionan por el traslado a un penal. La estrategia es clara: si no pueden encerrarla en una celda, al menos intentarán encerrarla en el silencio, clausurando la última ventana que la conecta con la gente.
¿Lograrán los fiscales regalarle al oficialismo la foto de una Cristina amordazada justo cuando la estafa de las criptos empieza a salpicar el despacho presidencial?
