El gobierno no pudo esconder el sincericidio de Raúl García Goyena porque quedó registrado, y entonces el gobernador Gerardo Morales le tuvo que pedir la renuncia. La irrupción ilegal de la policía de la provincia en Agrarias tampoco pudo ocultarse. Cayeron los jefes policiales y se dispuso una purga implícita de la cúpula de la fuerza al designar como titular a un comisario mayor en lugar de comisario general.
Los dos episodios, el de García Goyena y el de Agrarias, involucran a la Universidad. Y el rector Rodolfo Tecchi, quien es además titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue elegido como blanco directo de los ataques del oficialismo jujeño.
Será quizás consecuencia de un enfrentamiento anterior. El 1° de octubre de 2016, más de 20 rectores y decanos de universidades de todo el país visitaron a Milagro Sala en el Penal de Mujeres de Alto Comedero para manifestarle su apoyo. Estaban en Jujuy porque el día anterior participaron del 76° Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, donde el gobernador les dijo en la cara: «Es vergonzoso que representantes de la universidad nacional y popular, de la que aprendimos la tolerancia y la convivencia, asuman una posición en defensa de tamaño acto de corrupción sin poseer toda la información obrante en la causa”.
En los hechos de las últimas semanas, la reacción inicial del gobierno provincial, los legisladores oficialistas y los medios amigos del poder fue desviar el foco de atención. En los dos episodios.
En el primero, si los jóvenes estaban tomando alcohol, si la música estaba fuerte, si los vecinos estaban molestos. Después fueron más allá. Ya no se trató de un asado de camaradería, de estudiantes dándoles la bienvenida a los ingresantes, sino que hablaron de “descontrol” y denunciaron que “en la universidad se vende alcohol”.
Además se dictaron detenciones de policías, pero salieron los familiares a pedir la libertad porque, argumentaron, estaban obedeciendo órdenes. Y ellos mismos tomaron la posta con el discurso estigmatizante al decir que los jóvenes que estaban esa noche en Agrarias son “zurditos”, entre otros calificativos.
Algunos de esos policías fueron liberados, a pesar de que las imputaciones son por delitos tan graves como “allanamiento ilegal, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada por apremios ilegales y vejaciones, y prolongación indebida de privación de la libertad”, tal como dispuso el fiscal Aldo Lozano, quien además imputó al exjefe y exsubjefe por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el caso del manejo discrecional de la pauta oficial, el periodista Héctor Espinosa fue la parte delgada por donde se cortó el hilo en una primera instancia.
Luego instalaron la discusión sobre la legitimidad de la grabación oculta de los dichos de García Goyena. Pero deberían saber –todos, incluidos los propios periodistas-, que registrar las palabras de un funcionario público en una reunión no secreta que además se desarrolla en su propio despacho, es absolutamente legítimo. No hay intimidad para un funcionario que habla sobre su función específica en su propia oficina.
La movida es clara. Castigar a responsables directos cuando no se puede negar la realidad, preservar a los responsables políticos y salir luego a ensuciar a las víctimas.
El gobierno de Jujuy está empeñado en crearse enemigos y se define a sí mismo a partir de los otros. Necesita vestir a sus adversarios con ropajes ilegales para sostener su imagen de transparencia. Preconiza el diálogo, pero parece estar dispuesto a ejercerlo solo con quienes le aplauden sus políticas y sus estrategias. Insiste en dividir entre unos y otros, mientras la falta de respuestas a los problemas cotidianos va achicando el círculo de amigos y aplaudidores, al tiempo que se suman los reclamos y aumenta la impaciencia de las mayorías.
En este camino, parece haber un destino ineludible: que el diálogo termine convirtiéndose en un monólogo de un soberano frente al espejo.
Gabriela Tijman. Editora de El Submarino Jujuy.