Ni lerda, ni perezosa, la Cámara Federal de Casación penal convocó a una audiencia para el próximo 13 de noviembre a las 11 horas, para dar a conocer su decisión en la causa en la que está condenada en primera instancia la expresidenta Cristina Kirchner por la obra pública en Santa Cruz.
La sala IV del máximo tribunal penal del país comunicará ese día si confirma, revoca o modifica la sentencia a seis años de prisión contra la exmandataria, al igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados.
Será, precisamente, cuatro días antes de que se celebren las internas del PJ, en las que CFK competirá con el actual gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
El anuncio de la Cámara sorprendió por lo casi inédito de la metodología, puesto que es muy extraño que se adelanten los fallos de esa instancia.
Apenas se conoció la carta pública de Cristina sobre su candidatura a la presidencia del PJ nacional, los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky tardaron apenas diez minutos para anunciar la fecha, tras haber rechazado los últimos recursos que presentó la semana pasada los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes aludieron a «indebidas intromisiones por parte de sectores políticos y mediáticos» para «influir y direccionar» la causa Vialidad.
Se trata de la causa en la que se analizó el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, también condenado en ese debate oral.
El veredicto del TOF 2 fue apelado por todas las defensas, que reclaman absoluciones, y por la fiscalía, desde donde se exigió agravar la condena y considerar el delito de «asociación ilícita», en base a lo cual se habían reclamado 12 años de cárcel para la ex presidenta.
Hornos ya había adelantado su voto en agosto: se pronunció por elevar la condena a 12 años sosteniendo que en las obras viales de Santa Cruz CFK fue jefa de una asociación ilícita.
En tanto, Borinsky —otro visitante de Macri en Olivos y Casa Rosada— y Barroetaveña, un firme integrante de la corriente macrista de los jueces, se inclinarían por confirmar los seis años de prisión que se dictaron al final del juicio oral.
La causa vacía
La condena de Casación por las rutas de Santa Cruz sólo se explica desde la política. En todo el proceso de audiencias, a lo largo de tres años y medio, prácticamente ningún testigo mencionó a Cristina, no se encontró ni un mail ni un chat en el que ella diera alguna instrucción.
Las obras fueron planificadas, licitadas, adjudicadas y controladas en Santa Cruz y, como era lógico, hasta el ministro de Planificación, Julio De Vido, fue absuelto, justamente porque no intervino ni firmó resolución alguna.
Los jueces hablaron de sobreprecios en tres de las cinco obras que se hicieron, pero los peritos que defendieron esa postura naufragaron en el juicio de manera estrepitosa.
Se utilizaron mensajes del celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, aquel que tiró los nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. No se registró ninguna comunicación con CFK y, en cambio, muchos diálogos de intimidad de López con empresarios macristas. Se adujo que del celular de López surgía la evidencia de pagos a Lázaro Báez al final del mandato de CFK. Los pagos nunca se hicieron.