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La Cámara Federal de Salta resolvió por la positiva un recurso de apelación que había sido interpuesto por el diputado nacional por Jujuy, Mario Fiad, los legisladores provinciales Pablo Baca y Manuela Cabello y la Fundación Pámpanos, que habían solicitado al Juzgado Federal Nº 1 que hiciera cesar la explotación petrolera y se expidiera en torno al pasivo existente en el Parque Nacional Calilegua (PNC).
De acuerdo a la resolución de la Cámara, del 15 de octubre, el juez federal Nº 1, Mariano Wenceslao Cardozo, que había rechazado de plano el recurso de amparo del radicalismo, deberá investigar y resolver el asunto sobre la explotación petrolera y la remediación ambiental en la zona.
Los camaristas señalaron que “la desestimación liminar resuelta por el juez de primera instancia debe ser revocada, pues la naturaleza ambiental de la cuestión y, por ende, su transcendencia, tornan conveniente escuchar a todas las partes interesadas y tomar conocimiento de los argumentos y pruebas que pudiesen contribuir al esclarecimiento de la contaminación denunciada por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional y Reserva Estricta Calilegua”.
Baca, quien se desempeña como Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Legislatura de Jujuy, explicó que en el PNC se lleva cabo una explotación de petróleo que está prohibida por las leyes. “En estas áreas, solo se permite realizar aquellas actividades cuyo efecto sobre el entorno o ecosistema sean de carácter conservativo o recuperativo, quedando expresamente prohibida cualquier clase de explotación minera en general y de hidrocarburos en particular, y ello tanto de conformidad a la Ley de Parques Nacionales como a la Ley de Hidrocarburos”, detalló.
Además puso de relieve que allí existe “un pasivo ambiental como producto de esa actividad y no hay indicios de que pueda ser remediado”.
Destacó que en el PNC se encuentran muchos pozos de petróleo abandonados, que ya no están explotación y que no han sido sellados como hubiera correspondido, «por lo que se han producido y se van a seguir produciendo accidentes, pérdidas y derrames”, advirtió.
Baca valoró la decisión de la Cámara Federal porque la justicia ahora deberá expedirse. “Esperamos obtener una sentencia favorable que ponga fin a una constante violación de normas ambientales y haga cesar una actividad que afecta un espacio destinado a la conservación de la biodiversidad y donde hay especies únicas y en algunos casos en peligro de extinción”.
Antecedentes
Fiad, Baca, Cabello y la Fundación Pámpanos, que preside Fernanda Yapur, promovieron a fines del año 2013 una acción de Amparo en contra el Gobierno de Jujuy y del Gobierno Nacional, a fin de hacer cesar la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional y Reserva Estricta de Calilegua.
En dicha acción, habían solicitado que se les ordene a los demandados llevar a cabo los actos y/o disposiciones que resulten necesarios para hacer cesar de inmediato la explotación hidrocarburífera en dicho Parque y Reserva Estricta en virtud de que la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua es ilegal por tratarse de un área protegida.
Requirieron además que se disponga la remediación de los pasivos ambientales existentes en el PNC, el cierre y remediación de los pozos petroleros existentes en el mismo parque y en particular, el cierre, con carácter de urgente, del Pozo Caimancito e-3, pasivo ambiental que contamina el arroyo Yuto, como así también la recomposición del ambiente dañado respecto del pozo e-3 y de los demás pozos abandonados.
Denunciaron la posibilidad de que se esté llevando a cabo la contaminación de agua apta para consumo humano de la localidad de Caimancito y áreas cercanas.
El Juzgado Federal N° 1 de Jujuy había rechazado la acción «in limine», lo que provocó la apelación.
