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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la suspensión inmediata de la extracción de petróleo y de todos los trabajos vinculados a esa actividad en el Parque Nacional Calilegua.
El Alto Tribunal del país dispuso mediante una medida cautelar ante la acción de amparo por “daño ambiental” promovida por vecinos de San Salvador de Jujuy y la localidad de Lozano.
Habían solicitado a la Corte Suprema que se declare inconstitucional la explotación petrolera en el yacimiento “Caimancito”, que está ubicado en el Parque mencionado.
La demanda está dirigida contra la Administración de Parques Nacionales, el Estado Nacional y el provincial, el Municipio de Yuto y las sociedades anónimas Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Pluspetrol y la UTE, integrada por las firmas Petróleos Sudamericanos y Necón.
La acción de amparo pretende que se declare la “nulidad absoluta” de los actos administrativos que autorizaron la actividad (iniciada en 1969), entre los que se encuentra la adjudicación de la concesión por parte del Estado Nacional y aprobación de la cesión de la explotación petrolera efectuada por la Provincia de Jujuy.
