Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, expresó: “Con profunda indignación decimos que este es un cachetazo más de cierto sector de la corporación judicial, como la Sala IV de Casación, contra la lucha de los organismos de derechos humanos que hace 40 años venimos exigiendo justicia, y denunciamos que esta medida es una forma de reinstalar la impunidad”.
Agregó que “la única manera de impedir este obstáculo en la justicia es la organización, la lucha, la solidaridad, de los que estamos convencidos que la única manera de afianzar la democracia es la justicia, nuestra reserva moral está en los testimonios de nuestras víctimas”.
«Heridas en el cuerpo y la memoria»
Luego tomó la palabra Hilda Figueroa, expresa política de Ledesma: “Esta resolución está firmada por Riggi, que era juez de la dictadura; y las casualidades no existen, existe la causalidad. Hoy la Cámara de Casación dice que ‘tal vez’ las camionetas de Ledesma trasladaron a nuestros desaparecidos, pero que ellos no lo sabían”.
«Pero la verdad es incuestionable —añadió—; nosotros no somos un cuento chino, señor Blaquier, nosotros no estamos inventando nada, nosotros tenemos las heridas en nuestro cuerpo y en nuestra memoria, seguiremos luchando, seguiremos con la justicia, seguiremos apelando”.
«Un avance de la derecha judicial»
Por su parte, Eva Arroyo, de H.I.J.O.S. Jujuy, dijo: “Nos preocupa que esta decisión es totalmente política, dentro de su argumento no niegan el hecho ni la existencia y participación de las camionetas del Ingenio Ledesma, pero le buscaron la vuelta para decir que el dueño de la empresa y el exadministrador Lemos no tenían conocimiento”.
«Es decir que el dueño de una empresa, dueño de los vehículos, nunca se enteró para qué movilizaron toda una noche y una madrugada las camionetas de la empresa, sabiendo que esos vehículos llegaban hasta el centro clandestino de Guerrero”, continuó.
Arroyo hizo un llamado para que «la justicia entienda que esta es una etapa donde tiene que hacer historia, y su accionar debe ser reparador para las víctimas», y agregó: «La ley es igual para todos, pero con este dictamen queda demostrado que hay ciertos sectores del poder económico que siguen teniendo beneficios y relación con la justicia, que son Magneto, Blaquier, y lo mismo pasó con la Ford».
«Esto es preocupante a nivel social”, interpretó, y continuó: «No debemos olvidar el control social que ha ejercido la empresa en Ledesma, la relación estrecha que ha tenido con las fuerzas de seguridad y los vínculos políticos que ha tenido con los gobiernos de turno, muchos de esos fiscales como Valerga Araoz, el defensor de Blaquier, estaba en la marcha del 18F».
En este sentido, la dirigente concluyó que «es un avance de la derecha judicial que se ha negado sistemáticamente a la reforma y a la democratización del Poder Judicial”.
Arroyo anunció que el 26 de marzo H.I.J.O.S. Jujuy se presenta como querellante en los juicios de lesa humanidad por todas las víctimas del Sindicato de Ledesma.
El posicionamiento ideológico y político de los jueces
Paula Álvarez Carreras, abogada de los organismos, explicó que quienes votaron por esta resolución de la Cámara de Casación, a la que calificó de «lamentable», es decir, los jueces Hornos, Righgi y Geminiani, «es insultante para las victimas la valoración que se hace de las pruebas”.
Agregó que las pruebas «dejan en claro la participación y el conocimiento del directorio de la empresa Ledesma en los secuestros, torturas y desapariciones de tantas personas de Ledesma y Calilegua», y adelantó que recurrirán a la Corte Suprema, «porque la valoración de las pruebas fueron según el posicionamiento ideológico y político de estos jueces».
Punto final para la corporación judicial
Por último, Oscar Alfaro, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, expresó que «hay que luchar nuevamente por la ley de obediencia debida que tiene el poder judicial con el poder económico y poner punto final a esa obediencia debida».