Estas prácticas autoritarias heredadas de la última dictadura –que pensábamos desterradas- no se corresponden con el estado de derecho y la vida democrática que deben ser ejemplo de nuestros gobernantes.
Menos aún, con la triste historia de nuestro país que ha dejado un saldo de muertos por represión policial. Esta actitud fascista y antipopular –como escudo- para no escuchar el legítimo reclamo de los trabajadores, en nada contribuye a la política de DD.HH. que se intenta implementar desde el Estado nacional.
Como militantes de DD.HH. es nuestra responsabilidad denunciar estos hechos y señalar la peligrosidad de la amenaza del uso de la violencia represiva ante el legítimo reclamo de los trabajadores.
Es hora que, las mayorías populares pongamos fin a estos funcionarios que usan el poder para legitimar sus riquezas mal habidas y aspiraciones a seguir gobernando mediante la política de mano dura hacia los más vulnerables. Políticas autoritarias que han costado la vida de miles de argentinos y que el pueblo argentino ha resistido para desterrarlas definitivamente de nuestro país