Colectivos de derechos humanos se reunieron este miércoles con el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, Sergio Lello, para pedirle por la libertad condicional a cinco integrantes de la Tupac Amaru que permanecen con prisión domiciliaria a pesar de que ya cumplieron los dos tercios de sus condenas.
En el encuentro, denunciaron además que María Graciela López, Patricia Cabana, Mirta Rosa Guerrero, María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori sufren «condiciones inhumanas» de detención y «falta de atención médica», aparte de ser víctimas de «violencia ejercida por el servicio penitenciario» de la provincia.
De la entrevista con Lello participaron el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), José Schulman; Carolina Ameijeiras y Susana Traversi, del Foro por la Democracia y la Libertad de los presos políticos, y el gremialista Rubén Ciuro, de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA) de la CTA.
Otro de los planteos transmitidos al titular del MPA fue el reclamo de que se respeten las garantías constitucionales de las cinco detenidas, quienes en enero de 2019 fueron condenadas a penas de entre 6 y 7 años de prisión en el marco de la causa conocida como «Pibes villeros».
“En la reunión denunciamos las malas condiciones de detención de las compañeras de la Tupac Amaru y el cumplimiento de los dos tercios de sus condenas, por lo que insistimos en que se les debe otorgar la libertad condicional”, contó Schulman en declaraciones a Télam al finalizar el encuentro con el funcionario.
Durante la conversación, Lello les adelantó que «abrirá una investigación de oficio para indagar sobre las condiciones de detención” de las cinco mujeres, como también de Milagro Sala, en prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy.
Schulman afirmó que en la reunión se denunció también «la decisión de la fiscalía de enviar a Milagro Sala a la cárcel, aun teniendo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», que había ordenado al Estado argentino que Sala estuviera en prisión domiciliaria por razones de salud psicofísica.
Sobre ese punto, Schulman señaló que Lello “defendió la legitimidad de todo el proceso, inclusive la decisión de mandar a prisión” a la dirigente social.
“Para nosotros es importante hacer visibles las condiciones de detención de las afectadas y toda instancia de denuncia es una conquista”, destacó el referente de la LADH, y adelantó que en los próximos días se reunirán con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación para exponer sobre la situación actual de los presos políticos en Jujuy.
Por su parte, Ciuro, de la CTA, advirtió que en Jujuy «el armado de causas y la persecución siguen firmes», aunque al mismo tiempo consideró un logro de la comitiva que se hayan podido «plasmar las condiciones físicas y psíquicas que padecen las compañeras y compañeros detenidos».
“Queremos que el Poder Judicial jujeño cumpla la ley”, remarcó el referente gremial, en relación al reclamo de que las cinco mujeres de la Tupac Amaru reciban la libertad condicional tras haber cumplido las dos terceras partes de condena.
Ciuro aseguró que, de todas formas, los organismos de derechos humanos seguirán impugnando la causa «Pibes Villeros» en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La delegación encabezada por Schulman presentó este martes un petitorio ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Federico Otaola, a quien también le reclamaron el otorgamiento de la libertad condicional de las cinco detenidas. El supremo les respondió que iba a ocuparse del tema «de manera urgente».
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