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Organismos de derechos humanos de Jujuy brindaron una conferencia de prensa para expresar su repudio a la visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien este viernes participará de la conmemoración del Éxodo Jujeño y en particular de la inauguración del Cabildo, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar. El sitio de memoria es objeto de un expediente judicial iniciado a partir de una denuncia penal contra el gobierno de la provincia presentada por HIJOS Jujuy.
Referentes de HIJOS, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ex Presos Políticos, Capoma DDHH, la Coordinadora Contra la Violencia Institucional y otras organizaciones calificaron como «una provocación» la visita a Jujuy de Villarruel, a quien describieron como «una negacionista, familiar de represores, que niega el terrorismo de Estado y el robo de bebés».
Para este viernes, los organismos de derechos humanos convocan a un pañuelazo y ronda. La cita es a las 17 hs en la explanada de la Vieja Estación. El horario elegido es «para que no se piense que queremos provocar», explicó Oscar Alfaro, sobreviviente de la Noche del Apagón, y aclaró: «Es el uso de un derecho, el derecho de pedir por nuestros desaparecidos, por justicia y por una Argentina solidaria, igualitaria, que respete los derechos. Esas fueron las banderas de nuestros 30 mil».
Eva Arroyo, representante de HIJOS Jujuy, recordó que esa organización presentó una denuncia penal contra el gobierno «porque el sitio de memoria, donde funcionó el Comando Radioeléctrico, está protegido por leyes que establecen la preservación, la recuperación y la difusión de las políticas de memoria, y el gobierno de Gerardo Morales tuvo una política de destrucción en ese sitio».
Arroyo reveló que la semana pasada desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia convocaron a los organismos a una reunión en la que se dialogaría sobre «proyectos del gobierno en ese sitio», convocatoria que es rechazada por los referentes.
«Ahora aparece Villarruel, lo que para nosotros es una provocación. Ella es hija, nieta, sobrina de militares. Su tío está imputado por delitos de lesa humanidad. Que una negacionista vaya a entrar a ese sitio que está en conflicto con los organismos es una afrenta, un insulto, una falta de respeto», afirmó Arroyo.
A su turno, Laureano Vilte advirtió que «esto no es solo un insulto y una provocación a las víctimas y a los familiares, sino también a los principios que deberían regir nuestra democracia».
«Nunca Más es Nunca Más», arengó Fabi Suárez, de la Coordinadora Contra la Violencia Institucional.
Por su parte, la exdetenida Sara Murad recordó los nombres de algunas de las personas que pasaron por el centro de detención que funcionó en ese sitio. «Quiero traer a la memoria a los compañeros que pasaron por ese lugar, como Dominga Scurta, que estaba detenida en Villa Gorriti, llevada ahí para ser torturada durante varios días, hasta que el comisario Haig la llevó y nunca más se supo, hasta que apareció su cuerpo en Yala», recordó.
Mencionó también a Jorge Weis, Reynaldo Aragón, Juana Torres y Alicia Ranzoni, todas víctimas del terrorismo de Estado en Jujuy. «Traigo sus nombres para mantener la historia con la verdad. Nosotros no estamos mintiendo. Hemos peleado para mantener viva la memoria», afirmó Murad.
El documento
Este 23 de agosto, día en que se conmemora un aniversario más del Éxodo Jujeño, el Gobierno de la provincia realizará la reinauguración del Cabildo, lugar que no solo simboliza el pasado colonial sino también un sitio de memoria vinculado al terrorismo de Estado que nos permite seguir recordando y diciendo: “nunca más”.
Desde los Organismos de Derechos Humanos de Jujuy, recordamos que en este lugar durante la última dictadura cívico-militar-eclesial, que comenzó el 24 de marzo de 1976 y que terminó el 10 de diciembre de 1983, funcionó un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTE).
El Cabildo, donde funcionó el Ex Comando Radioeléctrico, fue un lugar donde como consecuencia de la represión ilegal se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Jujuy.
Formó parte del circuito clandestino obligatorio por el que pasaron todas las víctimas del terrorismo de Estado de la provincia.
Se trató de un espacio dónde se cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad: detenciones ilegales, torturas, vejaciones, violaciones, ejecuciones y desapariciones forzadas, delitos que todavía hoy se encuentran en proceso de investigación y de juzgamiento.
Es por este motivo que el Cabildo es un Sitio de Memoria, un sitio que debería haberse preservado de acuerdo a las disposiciones de la normativa nacional e internacional, no sólo por su valor histórico, sino porque constituyen un elemento probatorio clave en el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.
Lamentablemente, el Gobierno provincial, en la gestión de Gerardo Morales, violando la Ley de Sitios 26.691 destruyó parte importante de este patrimonio, negándose a preservar la memoria de lo acontecido durante los años de terrorismo de Estado en nuestro país.
Recordamos que los sitios de la memoria son lugares fundamentales para preservar la memoria histórica, que vislumbran el pasado para construir y proyectar responsablemente un futuro distinto como sociedad, honrando a las víctimas y educando a las futuras generaciones sobre los horrores de ese período, reforzando el compromiso con la defensa de la democracia y de los derechos humanos.
En este contexto, repudiamos la visita y la invitación a la Vice Presidenta de la Nación Victoria Villarruel para el acto de inauguración de este Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Villarruel representa y forma parte política e ideológicamente de un gobierno y una fuerza partidaria, que reivindica el genocidio, que niega y cuestiona a nuestros 30.000 compañeros, compañeras y compañeres detenidxs desaparecidxs, que se abraza con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, mientras desmantelan políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, como la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) que ha contribuido a la restitución de la identidad de tantos niños y niñas apropiados/as ilegalmente durante la dictadura.
A contramano de los ideales de independencia y libertad que impulsaron el Éxodo Jujeño hace 212 años, tenemos un gobierno provincial que no solo invita a una funcionaria negacionista a un espacio preservado para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia de nuestro pueblo, sino que tampoco garantiza una eficiente articulación y canales de consulta permanente con todos los organismos de trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, sobrevivientes, familiares de las víctimas de la provincia de Jujuy
Exigimos al Gobierno Nacional de Javier Milei y Provincial de Carlos Sadir, que garantice el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia del derecho a la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todxs lxs responsables del genocidio.
