Organismos de DDHH reclaman el manejo del Sitio de Memoria del Cabildo de Jujuy

Los organismos de DDHH de la provincia se reunieron con miembros de la Comisión de DDHH de la Legislatura para explicar su posición respecto del Sitio de Memoria del Cabildo de Jujuy. Quieren saber qué hay en el espacio que quedó tapiado, que debería señalizarse para que los propios organismos lo gestiones y elaboren la información que se dé a los visitantes sobre lo que sucedió en ese lugar, donde hubo detenidos durante la represión ilegal de la dictadura 1976-1983 e incluso se realizaban sesiones de tortura.

Del encuentro con diputados y diputadas, que se concretó el pasado jueves 5, participaron entre otros Ex Presos Políticos, H.I.J.O.S. Jujuy, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Andhes y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Jujuy. «Nos convocaron principalmente por el pedido del FIT, que hizo al Estado provincial un pedido de informes sobre el tema», explicó Víctor Manuel Paz, copresidente de la APDH Jujuy, en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5). 

Los legisladores habían mantenido previamente reuniones con la secretaria de DDHH y del Ministerio de Infraestructura para saber cuál es el estado en que se encuentra el espacio, qué se piensa hacer con el sitio y cómo va a seguir trabajando el Estado en relación al lugar.

«Entendemos que lo que ya se destruyó, no se va a poder recuperar», afirmó Paz, y explicó que para la regional Jujuy de la APDH, se debería poner en valor «todo el Cabildo, porque a partir de los relatos de expresos que estuvieron en el lugar, sabemos que no pasaron solamente por lo que era el Comando Radioeléctrico sino por todo el espacio».

Los testimonios se conocieron sobre todo en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en Jujuy. Sobrevivientes de la represión ilegal indicaron en varias oportunidades, con precisión, cuáles fueron los lugares donde estuvieron cautivos y torturados.

La destrucción del sitio de memoria donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Comando Radioeléctrico” se produjo durante la refacción del Cabildo Histórico, donde funcionó la jefatura de la Policía jujeña.

El 23 de agosto pasado se inauguró el nuevo Cabildo Histórico con un acto en el que el gobernador Carlos Sadir recibió la visita de la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, una enfática defensora de la represión ilegal desplegada por la dictadura militar.

Medidas judiciales incumplidas

Paz recordó que la justicia había dictado medidas cautelares para que no se avanzara con las obras de restauración y refuncionalización del Cabildo. También los organismos presentaron denuncias penales contra funcionarios provinciales. «Se debería haber prohibido la intervención que vemos hoy, y las denuncias están o deberían estar en trámite por parte de la justicia federal», comentó el abogado.

En junio de 2022, la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, se presentó como querellante en la causa penal iniciada ante la destrucción del sitio de memoria Comando Radioeléctrico y Jefatura de Policía de la Provincia por parte del gobierno provincial.

En enero de ese mismo año, el Juzgado Federal 2 de Jujuy había dispuesto que las tareas de refacción del Cabildo Histórico debían preservar seis sectores declarados de interés por la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entre febrero y mayo, a instancias del juzgado federal, se concretaron reuniones para consensuar un proyecto que tuviera en cuenta la voz de los organismos de derechos humanos.

Sin embargo, mientras se realizaban esos encuentros de trabajo, las autoridades provinciales decidieron avanzar con las obras.

Frente al incumplimiento de las medidas, el miércoles 15 de junio el juez federal subrogante Julio Leonardo Bavio ordenó suspender toda excavación, refacción, remodelación y/o construcción del lugar donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Comando Radioeléctrico”.

El fiscal federal Federico Zurueta quedó a cargo de la causa FSA 5785/2021 caratulado “N.N. S/Averiguación de delito. Denunciante: Asociación Hijos-Jujuy”. Los organismos quieren que se esclarezca la posible responsabilidad penal del entonces gobernador Gerardo Morales, la secretaria de Derechos Humanos Marcela Infante, el director de Arquitectura Horacio Calsina y el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, por el delito de daños, violación de deberes de funcionarios públicos y desobediencia.

Todos los sitios a los organismos

Para los organismos, todo el espacio del Cabildo es un Sitio de Memoria, por lo que se debería señalizar todo el lugar y no solo «lo que hoy podemos llamar una pecera, porque el edificio que quedó dentro de esta pecera está tapiado con chapa, no se puede ver para adentro y no sabemos en qué condiciones está», señaló Paz.

La intención es que los organismos sean los que elaboren la información que se brinde a los visitantes a partir de los relatos en primera persona de quienes pasaron por ahí. «Por otro lado -comentó el abogado-, que se le otorgue a los organismos la curaduría de los 18 sitios de memoria que hay en la provincia para su custodia y resguardo».

«Se trata de promover la difusión de lo sucedido para que no quede en una anécdota o se desconozca o se ningunee», agregó.

En particular en el caso del Cabildo, Paz remarcó que hay un cartel que habla del «Proceso de Reorganización Nacional», el nombre con que se autodenominó la sangrienta dictadura iniciada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. «Ese no fue ningún proceso de reorganización. Acá hubo gente desaparecida. Entonces ya entramos en disenso con la información que hoy se está manejando», indicó.

-¿La reunión fue positiva en algún sentido? 

-Los diputados escucharon la postura de los organismos. Hacia atrás no vamos a poder volver. Si hubo algo de prueba ahí que se podría haber rescatado, prueba que se podría haber producido a partir de especialistas que podrían haber entrado al lugar para obtener información, ya no va a ser posible.

-¿Qué se puede hacer entonces? 

-Para poder avanzar, primero, que el Estado reconozca que cometió un error y que los funcionarios se hagan cargo de ese error. Después, que esto sea entregado a los organismos, que ya tienen información.

-¿Se comprometieron a algo? 

-La reunión fue muy importante. Ahora la Comisión tendrá que evaluar y quizás salir con alguna información. Si bien la Comisión está integrada por varios partidos, el que convocó es el FIT, que tiene una postura en defensa de los derechos humanos y me parece que va a ser una voz importante a la hora de difundir lo que se termine decidiendo.

-¿Desde los organismos van a hacer alguna acción? 

Quedamos en juntarnos y conversar en función del pedido de informes que hizo el FIT al Estado, ver cómo trabajar ese pedido para avanzar en el resguardo de los espacios. En la provincia hay alrededor de 18 sitios indicados como posibles lugares donde hubo detenidos y desaparecidos, y es ahí donde también se debería apuntar hacia adelante.

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