Este abuso de autoridad sienta un nefasto precedente que señala el comienzo de una política represiva de persecución y amedrentamiento al criminalizar la protesta social y a encarcelar a sus dirigentes con el claro objetivo de disciplinamiento social.
Estamos siendo testigos de un escenario de violación a los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de peticionar a las autoridades, de manifestarse públicamente, como así también el derecho al trabajo, a la vivienda a la salud, que le están siendo negados a la Organización Barrial Tupac Amaru, derechos consagrados y amparados no solo en nuestra Carta Magna sino también en tratados internacionales.
También denunciamos las pésimas condiciones en las que el gobernador Morales mantuvo alojada a la diputada, en la Comisaría de la Mujer, hecho que atenta contra los derechos humanos básicos que goza toda persona en un estado democrático.
Asimismo repudiamos el manejo abusivo, el atropello y la presión ejercida por el gobernador Morales, sobre la justicia, al nombrar una Corte adicta y jueces radicales en los otros fueros haciendo trizas así la división de poderes contemplado en la Constitución Nacional.
Denunciamos este intento de avanzar sobre los principios básicos de la democracia y la institucionalidad que tanta lucha nos costó durante estos treinta años, reflotando prácticas que creíamos desterradas.
Creemos que Sala es presa política de Macri y Morales, y en estos tiempos, no debería haber presos políticos. También solicitamos el cese inmediato de la política persecutoria, de discriminación y demonización de los acampantes que ocupan la plaza Belgrano y una apertura al dialogo con las organizaciones sociales para reinstauración de los trabajos de las cooperativas.