En el documento, expresan: «Manifestamos nuestra preocupación por el continuo, persistente, y obcecado intento que ejerce la defensa del acusado, en cuestionar las decisiones de la Justicia Argentina. Y también, por sus intentos constantes por confundir a la opinión pública, al tergiversar la verdad de los hechos ocurridos en nuestra provincia en los años de la última dictadura cívico-militar. Una verdad que desde hace varias décadas vienen reconstruyendo los testigos, víctimas, y sobrevivientes de la tristemente conocida en nuestra historia regional, como la Noche del Apagón.
«Una vez más, y recurriendo ahora a un especialista internacional en materia de derechos humanos, pretende por todos los medios que tiene a su alcance, desacreditar la figura del Fiscal Ad-hoc, Pablo Pelazzo, lograr con ello que se aparte definitivamente de la causa, y cuestionar a todos los jueces intervinientes.
«En esta oportunidad, el empresario echa mano al “Amicus curiae” (amigos del Tribunal). Esta figura legal, en rigor, tiene en mira que el tribunal escuche la opinión objetiva de terceros ajenos a la disputa que se acercan al proceso justificando su interés en la resolución del litigio.
«Lejos de ello, la defensa de este empresario, pretende legitimar su posición, recurriendo a un uso tergiversado de esta figura. En esta ocasión, recurriendo a un jurista de nivel internacional, que llega de la mano de la defensa para expedirse en su favor. Todo lo cual pone en evidencia que se trata de una nueva maniobra con la que se pretende legitimar el interés particular de este empresario, procesado ya en dos instancias judiciales de nuestro país.
«Nuevamente, en su estrategia, aparecen los grandes medios de comunicación que difunden la maniobra con pretendida objetividad, y colaboran con la estrategia de Blaquier, propiciando una campaña en contra de la loable decisión del Estado Argentino de llegar a la verdad, con justicia. Decisión asumida con firme voluntad política, y autentico compromiso en materia de derechos humanos. Cumpliendo así con la obligación asumida internacionalmente de perseguir, investigar y sancionar los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar ocurrida en nuestro país durante 1976-1983.
«Los organismos de derechos humanos, y todos quienes constantemente luchamos con Memoria, por la Verdad y la Justicia, no cejaremos en la defensa de la política de derechos humanos que nuestro país logró afianzar en pos del castigo a los responsables militares, civiles y eclesiásticos de las desapariciones y asesinatos de los 30.000 detenidos desaparecidos. Por quienes continuamos pidiendo justicia.