Organismos del Estado fueron a pedir por la reforma para tener rango constitucional

Este viernes, y de acuerdo a lo establecido en la agenda de trabajo parlamentario para el proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución, la Comisión de Asuntos Institucionales recibió a las autoridades de los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa Civil, de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina Anticorrupción.

En ese marco, el presidente de la Comisión, Ramiro Tizón, explicó “en el texto de pedido de reforma parcial de la Constitución, lo que se propone es justamente jerarquizar estos organismos. Consagrando esto como un derecho dentro de la Constitución, como organismo de rango constitucional, indudablemente no solo se lo jerarquiza, sino que también se los perpetúa, se les da una sustentabilidad en el tiempo”.

En primer lugar, Olga Ivacevich, defensora general del Ministerio Público de la Defensa Civil, señaló “estamos de acuerdo con la reforma y con el alcance que tiene. La experiencia demostró que esta autonomía, esta autarquía de los ministerios como extra poder, permite que se puede ejercer de mejor manera el derecho, porque ambos ministerios tienen la función de garantizar el acceso a la justicia de los habitantes y, de esta manera, sostener la democracia y el equilibrio”.

Luego fue el turno, Sergio Lello, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, quien expresó “la reforma es muy importante, va a dar un salto cualitativo en concepto de la justicia. La Constitución vigente, como las de la época, no contempló nuevas funciones del funcionamiento de la justicia. Tener autonomía no es un capricho, tiene que ver con el debido proceso. Celebramos esta reforma, que viene a institucionalizar decisiones políticas del estado vinculadas al Ministerio Público y al correcto funcionamiento de la justicia”.

Posteriormente, Josefa Herrera, fiscal de la Oficina Anticorrupción, señaló que “veo con beneplácito esta iniciativa porque la Constitución debe aggiornarse a los tiempos que estamos viviendo y a la actualidad. Veo con beneplácito que uno de los puntos consagre a la Oficina Anticorrupción. Por Ley somos los encargados de velar por el cumplimiento de la Ley de Ética Pública, en la transparencia de los actos de gobierno y esto fortalece al sistema democrático”.

Finalmente, Javier De Bedia, titular de la Defensoría del Pueblo, destacó “hay muchas oportunidades en que se hacen recomendaciones, pedidos, a autoridades o cualquier persona y no son respondidas. Al tener rango constitucional, aún altas autoridades tienen que responder a los requerimientos de la Defensoría. De igual manera, queremos solicitar a los legisladores y a quienes van a ser los convencionales, la ampliación de la competencia, porque en estos momentos estamos prestando otros servicios que están por fuera de lo que nos indica la Ley, pero que son necesarios para la gente”.

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