Organismos de derechos humanos de Jujuy repudiaron las expresiones de la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Susana Haquim, referidas al sitio de memoria que se instalará en el ex Departamento de Policía, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT) en la última dictadura cívico militar. La funcionaria afirmó que los organismos «frenan» la construcción del espacio, cuando en realidad el Gobierno está incumpliendo con la Ley Nacional de Sitios de Memoria, a la que Jujuy adhirió.
Los organismos citan un informe realizado el año pasado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el que quedó establecido que se efectuaron demoliciones parciales del edificio que no contemplaron la protección establecida por la ley y que «esta situación de incumplimiento de la Ley de Sitios de Memoria, tampoco contempló la existencia de una medida judicial de no innovar dictada en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad en curso en la provincia».
Además, el año pasado los organismos presentaron otra denuncia por destrucción de prueba, ante la posiblidad de que en el lugar hubiera enterramientos de víctimas del terrorismo de Estado, a partir de la cual la justicia emitió una nueva medida de no innovar.
El documento completo
Los organismos de derechos dumanos abajo firmantes queremos manifestar nuestra preocupación y repudio a las expresiones vertidas en diferentes medios de comunicación por la secretaria de Derechos Humanos provincial, Sra. Susana Haquim, las que maliciosamente tergiversan la postura y el trabajo que han llevado a cabo los organismos de derechos humanos de la provincia, con respecto al sitio de memoria que funcionará en parte del predio de la ex Central de Policía, el que fuera, durante los años de plomo, un Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT) Comando Radioeléctrico.
La Comisión por la Memoria
Desde hace más de una década venimos impulsando la creación de la Comisión Provincial por la Memoria, la que estaría emplazada en el sector donde funcionara el CCDT Comando Radioeléctrico, y cuyo objetivo sería mantener viva la historia reciente de nuestro país y la de nuestra provincia, fomentar el estudio, la investigación y difusión de los hechos acaecidos durante las dictaduras militares, reunir, recopilar, sistematizar y conservar material documental, como así también; contribuir a la educación y difusión de los Derechos Humanos para el fortalecimiento del ejercicio de dichos derechos, entre otras cosas.
Los primeros proyectos de ley fueron presentados en el año 2006, por la entonces diputada Cristina Romano, y en el año 2013, por el ex parlamentario Pablo Baca, ambos del signo político de la gestión actual.
En lo que concierne a los organismos, hemos elaborado y presentado dicho proyecto ante el Poder Ejecutivo durante la gestión de gobierno anterior, cuya formulación fue acordada y aprobada por todos los integrantes (organismos de derechos humanos y representantes de los diferentes bloques legislativos), de la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Legislatura creada en junio del 2012.
A partir de esta situación, es que referentes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, en junio de 2012, mantuvieron una reunión con el entonces gobernador Fellner quien se comprometió a llevar adelante el pedido de los organismos de derechos humanos de la provincia, apalabrando la creación de dicha comisión y el funcionamiento de la misma en el predio del espacio de memoria CCDT Comando Radioeléctrico, palabra que no se cumplió.
Esta demanda ha sido reiterada en las diferentes reuniones que mantuvimos con la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, a la que le acercamos el proyecto de ley elaborado por los organismos, como así también los presentados en los años 2006 y 2013.
La ley Nacional de Sitios
Luego de promulgada en julio de 2011 la Ley Nacional N° 26.691 que declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención (CCD), tortura y exterminio, o donde sucedieron hechos aberrantes del accionar de la represión ilegal desarrollada en el país hasta el 10 de diciembre de 1983, impulsada por los organismos de derechos humanos en todo el país, decisión política que tomó la gestión nacional del gobierno anterior, hemos pedido que la provincia adhiriera a la ley nacional, pedido que en la gestión anterior fue desoído y que fue reiterado en la reunión que mantuvimos con la Sra. Haquim en marzo del 2016.
Con beneplácito recibimos la noticia, en mayo de ese año, de que la provincia adhirió a dicha ley en todos sus términos, pensamos que el pedido en relación al sitio de memoria se iba a concretar, claro está, que esto no fue mera iniciativa de este gobierno, sino el resultado del trabajo que llevamos a cabo los organismos desde hace más de tres décadas, los que venimos impulsando todo este tipo de políticas que responden a nuestras consignas de Memoria Verdad y Justicia.
La Ley Nacional de Sitios establece que: La autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural que a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria dependiente del Archivo Nacional de la Memoria asistirá técnicamente a las áreas de Derechos Humanos provinciales y municipales, como así también asistirá y asesorará en proyectos de nuevos Espacios de Memoria.
En su art. 6°, establece que, a fin de preservar como Sitios todos aquellos inmuebles en que se cometieron actos de tortura, exterminio, reducción a servidumbre, desaparición forzada de personas u otros vejámenes, la autoridad de aplicación deberá:
c) Promover, impulsar o auspiciar proyectos específicos de preservación y de recopilación, sistematización y conservación de material documental y testimonial, garantizando la plena participación de los organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria;
e) Promover la gestión, articulando las áreas específicas del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, incentivando activamente la participación de la sociedad civil mediante organismos de vasta trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones sociales;
f) Establecer canales apropiados de consulta permanente con organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de memoria.
Los organismos de DDHH solo pedimos que se cumpla la ley a la que la provincia adhirió en todos sus términos.
El cabildo como sitio de Memoria
En agosto de 2014, la justicia federal dictaminó la primera medida de no innovar para ese sitio de Memoria; fundamentó su dictamen en que el mismo es prueba esencial en los Juicios de Lesa Humanidad. En ese momento aún funcionaba allí la Central de Policía de la provincia y fueron notificados el jefe de policía Crio. Paniagua y el ejecutivo provincial. En la disposición reza “se abstenga de ordenar o ejecutar cualquier medida que pudiera alterar el estado de las instalaciones y de los archivos y documentos que se encuentren en el lugar», ello hasta que se llevara a cabo una serie de medidas judiciales.
La medida se levantó luego de realizado lo solicitado por la justicia.
Durante el año 2015, una vez trasladada la Central de Policía en el mes de mayo, el gobierno provincial inició la demolición, paradójicamente comenzó por la parte posterior, sobre la calle Alvear lugar donde está emplazado el sitio de memoria. Ante esta situación, la justicia dictaminó una nueva medida de no innovar.
Paralelamente, ya con la Ley Nacional de Sitios promulgada, y la adhesión a la Red Federal de Sitios en la gestión de la Sra. Freijó, los organismos de serechos humanos solicitamos se detenga la destrucción del predio, lo que fue oído y se suspendió dicha demolición hasta tanto el gobierno provincial y en conjunto con los organismos y en cumplimiento de lo pedido, trabajen en conjunto para la recuperación, restauración y puesta en funcionamiento de dicho predio, cosa en la que nunca se pudo avanzar por falta de decisión política.
Asumida la nueva gestión, en la primera reunión que tuvimos con la nueva secretaria de Derechos Humanos, Susana Haquim, en marzo del año 2016, pusimos en conocimiento el trabajo y el pedido que veníamos haciendo en relación a este tema, la importancia de la conservación de ese sitio histórico de importante valor testimonial, y como dijimos antes, le solicitamos que la provincia adhiera a la ley de sitios, cosa que se hizo, pero “paradójicamente” se avanzó con la destrucción, trasgrediendo la norma establecida para este tipo de inmuebles.
Ante la preocupación que manifestamos los organismos por esta situación, la Sra. Haquim convocó, como lo establece la ley, al equipo técnico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuyo trabajo consiste en hacer una propuesta de delimitación, basada en prueba testimonial-judicial, de los lugares de alto valor testimonial, con el objeto de que sean preservados.
A pesar de que el informe de los técnicos que reza: «Entre el 8 y 11 de noviembre de 2016 el equipo de Arquitectura y Conservación de la DNSM (Dirección Nacional de Sitios de Memoria) realizó un relevamiento de los espacios físicos de valor testimonial que deben ser preservados en el ex Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como Jefatura de Policía de la Provincia de Jujuy (también denominado Comando Radioeléctrico / Departamento Central de Policía). Como antecedente, debe destacarse que la DNSM constató durante los relevamientos realizados que en el marco del proyecto de recuperación y puesta en valor del Cabildo como casco histórico de la ciudad de San Salvador –edificio donde funcionó la ex Jefatura de Policía– se efectuaron demoliciones parciales del edificio que no contemplaron la protección establecida por la Ley N° 26.691».
Y sigue: «Esta situación de incumplimiento de la Ley de Sitios de Memoria, tampoco contempló la existencia de una medida judicial de no innovar dictada en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad en curso en la provincia».
Sin embargo y a pesar de esto, no se detuvieron las demoliciones, esto generó gran preocupación entre los Organismos de Derechos Humanos quienes pedimos en reiteradas ocasiones una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos. La respuesta a esta solicitud fue el silencio absoluto.
En consecuencia, a raíz de la ausencia de respuesta, la falta de información y la falta de voluntad política para coordinar con los organismos, nos vimos obligados a presentar ante la fiscalía federal una denuncia por destrucción de prueba, a la que se sumó la posibilidad de que en el predio hubieran enterramientos de víctimas del terrorismo de Estado, en consecuencia y ante estas denuncias, el juzgado federal N° 2 de nuestra provincia dictaminó una nueva medida de no innovar, hasta que se llevaran a cabo una serie de medidas en función a la denuncias realizadas. Entre las que está la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con los que se está articulando y evaluando la intervención del mismo desde el juzgado federal 2.
Cabe agregar, que en una charla que tuvo una referente de H.I.J.O.S Jujuy con el ministro de Infraestructura de la Provincia, contador Rizzoti, quien es el responsable de la restauración del sitio en discusión, Rizzoti le manifestó que entendía el valor testimonial que tenía dicho sitio para las víctimas y que no avanzaría en ninguna modificación hasta que no se lleve a cabo todo lo que disponga la justicia, y lo que establezca la Ley de sitios. Que esa era la decisión de su gestión.
La mala fe de la Sra. Haquim
Lamentablemente por parte de la Sra. Haquim, quien no goza de antecedente alguno en trabajo en Derechos Humanos, no solo hemos sido víctimas de un constante avasallamiento y falta de respeto a la trayectoria que nuestros organismos, algunos de ellos con casi 40 años de existencia, alejada de una actitud conciliadora y respetuosa, cada vez que los medios preguntan sobre la situación del sitio de Memoria (Cabildo) y su proyecto de restauración, con mala fe nos responsabiliza por haberse detenido la obra, generando con sus dichos que la sociedad jujeña nos vea como los que impedimos el “desarrollo” cultural en nuestra provincia, cosa que ella misma ha expresado, demonizándonos sin hacerse cargo del incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública.
La secretaria de Derecho Humanos, miente, miente una y otra vez, no cuenta que se infringió una ley, que no respetó una medida de no innovar, que los organismos venimos bregando por la conservación de ese sitio de memoria hace más de una década y como la ley lo manda.
Acompañamos y facilitamos las pericias que la justicia está llevando acabo, se han realizado inspecciones y trabajos de prospección en ese sitio de memoria, hemos mantenido reuniones con el Equipo de Antropología Forense y los responsables a nivel nacional de la ley de sitios para poder avanzar en la recuperación, restauración y funcionamiento de ese sitio de memoria como se hizo en los que fueran Centros Clandestinos de Detención y Tortura como; La Ex Esma, El Olimpo, El Atlético, Mansión Seré en Buenos Aires, La perla, la Ribera y el D2 en Córdoba, la Escuelita de Famaillá en Tucumán, el D2 de Mendoza, Brigada de Investigaciones de Resistencia en Chaco, entre otros.
Nuestras solicitudes y demandas están documentadas en el sendo trabajo que hemos llevado a cabo en relación a esta temática.
Como queda claramente establecido en este documento, los organismos de derechos humanos tenemos sumo interés en que se avance en este tema, por lo que le solicitamos a la secretaria de DD.HH., Sra. Haquim, se llame a la cordura, se abstenga de hacer expresiones maliciosas y desvalorizantes sobre nuestros organismos de derechos humanos y haga una convocatoria seria para trabajar a todos los sectores interesados, como lo marca la ley, lo establece la justicia, y como lo amerita la función que desempeña, para poder por fin llevar a cabo el proyecto de recuperación, restauración y puesta en funcionamiento de ese sitio de memoria.
-Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy
-Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Departamento Ledesma
-H.I.J.O.S. Jujuy
-Asociación de Ex presos Políticos de Jujuy
-Asociación de Ex presos Políticos Regional Ledesma
-Asociación de Ex presos Políticos de San Pedro
-Grupo de Abogados de DD.HH.
-CAPOMA-DD.HH.
-Coordinadora contra el Ajuste y la Represión
-Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Filial Jujuy