Organizaciones sociales, políticas y de la economía popular adhieren y convocan a la Marcha Federal por Pan y Trabajo que confluirá el viernes 1° de junio en el Congreso Nacional. En Jujuy, la marcha arranca el lunes a la mañana desde La Quiaca con la presencia de legisladores y referentes nacionales. En conferencia de prensa, brindaron detalles de la movilización.
Para la partida de la columna jujeña, estarán en La Quiaca los diputados nacionales Victoria Donda, de Libres del Sur, y Leo Grosso, del Movimiento Evita; el referente nacional de la CCC Carlos Alderete. el secretario general de la CTEP, Esteban «Gringo» Castro, y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, entre otros.
Entre los reclamos, se pide la declaración de emergencia alimentaria, para lo cual proponen realizar un relevamiento oficial para detectar a niños, niñas y adolescentes con malnutrición o en riesgo de estarlo; fortalecer las partidas presupuestarias de programas alimentarios y mejorar su calidad nutricional, y garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria del conjunto de las familias argentinas, abastecida por pequeñas unidades productivas de alimentos y de la agricultura familiar.
Además, demandan la integración urbana para garantizar el acceso a la vivienda digna de todas las familias; la regularización dominial de todas las viviendas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares; la suspensión de los desalojos de viviendas en el territorio relevado, y la urbanización de los barrios humildes para garantizar la prestación de servicios públicos.
Otro de los puntos es la implementación de infraestructura social para garantizar el trabajo digno en la economía popular; promover el fortalecimiento y sustentabilidad del trabajo de la economía popular, social y solidaria a través de la contratación pública; garantizar que el 25% de la obra pública sean realizados por cooperativistas de la economía popular, y otorgar certificados de capacidad y habilitación a las cooperativas de trabajo para promover la continuidad de contrataciones.
Otro reclamo es la emergencia en adicciones, para garantizar la prevención y asistencia en el consumo problemático de sustancias; fortalecer los espacios territoriales y las herramientas comunitarias para prevenir el consumo problemático; promover la inclusión laboral de personas vinculadas a consumos problemáticos, y fomentar la capacitación y sensibilización en todos los ámbitos del Estado, ámbitos educativos y en el conjunto de la sociedad sobre esta problemática.
La ley de agricultura familiar es otra demanda, para garantizar el uso de la tierra por quienes la trabajan; promover la transferencia de tierras hacia agricultores familiares que efectivamente desarrollen en ellas un trabajo productivo; fomentar el apoyo público a las producciones de la agricultura familiar a través de subsidios, créditos, compras y contrataciones, y crear mercados y ferias popular donde se promueva el comercio e intercambio directo de la producción al consumo.
