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Organizaciones y colectivos van a participar del debate de elaboración de una Ley de Economía Popular, sobre la base de un proyecto que va a empezar a discutirse en la Legislatura provincial. Quieren que la normativa conforme un espacio institucional que atienda las problemáticas del sector, como los conflictos planteados cuando les decomisan mercadería y el apoyo en capacitaciones y recursos para los trabajadores informales.
La Mesa de Trabajo y Acompañamiento por la Ley de Economía Popular por ONG, clubes de barrio, bibliotecas populares, colectivos de campesinos y emprendedores de la economía popular, y trabaja con el objetivo de incidir en la creación de políticas públicas que beneficien al sector.
En los últimos días, presentaron formalmente un borrador con propuestas para ser incorporadas al proyecto de ley que se va a tratar en la Legislatura provincial. La iniciativa busca el reconocimiento y fortalecimiento de un sector clave de la economía jujeña.
«La gran mayoría de los trabajadores activos son parte de la economía popular, y esta realidad tiene que estar acompañada con derechos, que hoy no tienen, ni siquiera el derecho a la propiedad privada, porque continuamente vemos cómo les decomisan la mercadería que es de su propiedad», explicó Marcelo Cabero, integrante de la Mesa, en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
Con este objetivo, el colectivo mantuvo conversaciones con diputados y diputadas de todos los bloques para acercar sus propuestas, de cara al debate de un proyecto de ley que va a presentar el Poder Ejecutivo provincial.
Entre otras cuestiones, plantean en principio la necesidad de que se reconozca a los trabajadores de la economía popular en su codición de sujetos de derecho. Luego, el acceso a créditos blandos, capacitaciones y apoyo del Estado para fortalecer los emprendimientos.
«Proponemos que se cree un ente, una mesa, un espacio donde solucionar los conflictos que tienen los trabajadores de la economía popular», precisó Cabero. Y agregó: «Los trabajadores del transporte, cuando tienen conflictos, tienen la mediación del Ministerio de Trabajo. Pero los trabajadores de la economía popular no tienen esa esa posibilidad».
A modo de ejemplo, mencionó la situación que se plantea cuando inspectores municipales le quitan la mercadería a los vendedores. «¿Adónde van a mediar? Con la misma municipalidad no se puede, porque son los mismos que están quitando las cosas», planteó.
Pero los vendedores no son el único problema. Pasa también con quienes trabajan la tierra: «Muchas veces, cuando arriendan, los dueños de las tierras no le firman ningún papel, no hacen ningún convenio. Y muchas veces les aumentan el precio, les exigen que se retiren, y si no lo hacen le pasan el tractor, cosa que ya ha pasado. Y la gente no tiene dónde reclamar ni nada», señaló Cabero.
«Nosotros no queremos que desaparezca el estado; todo lo contrario -aclaró Cabero-. Tenemos la imagen de lo que pasa cuando el estado no está presente, como pasa en Perú, con las bandas criminales que manejan la calle. Nosotros no queremos eso. Queremos un estado presente que pueda resolver estos conflictos».
Por otra parte, proponen que el Estado provea facilitadores para que la gente conozca sus derechos. También, para ayudar a hacer los trámites, como por ejemplo el monotributo. «Cómo le vas a decir a una caramelera de 70 años que tiene que sacar el monotributo social, hacer facturas, cuando es todo digital. Porque la mayoría de los trabajadores del comercio popular son analfabetos digitales. Esa es una brecha y un problema que hay que resolver», explicó Cabero.
La expectativa es alta. «Va a haber una presentación oficial del proyecto de parte del oficialismo, posiblemente dentro de una semana, y después se va a comenzar a tratar. Nos dijeron que nos van a llamar para escucharnos, para debatir».
«Sabemos que quizás todo lo que pedimos no se incluya, pero nos interesa que se reconozca al trabajador del comercio popular como sujeto de derecho. Eso es lo básico. Por lo menos, partir de algo. Porque hoy no tenemos absolutamente nada», afirmó.
Este miércoles, la Mesa entregó una copia de su borrador de proyecto al secretario de Economía Popular, Rubén Daza, y al secretario de Agricultura Familiar, Rodrigo Corbalán. También ingresaron el texto en la Legislatura, por Mesa de Entradas.
