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Movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadoresy Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) convocan para este miércoles a un Banderazo Nacional en apoyo a la expropiación de Vicentin. La movida incluirá ollas populares en todo el país.
También piden que el Estado otorgue tierras fiscales ociosas para que el sector de la economía popular las ponga en producción.
En un comunicado, las organizaciones de la UTEP citan palabras dichas por Manuel Belgrano en 1810: “Es preciso atender a los progresos de la patria, y esos no los obtendremos sin que nuestros labradores sean propietarios (…): esto interesa a la Nación, al Gobierno, y aun a los mismos particulares.”
En esta línea, recuerdan que el pedido de entrega de tierras fiscales ociosas al sector de la economía popular para ponerlas en producción se le planteó al presidente Alberto Fernández a comienzos de este mes a través del “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”.
«La Soberanía Alimentaria es el núcleo de cualquier principio básico de Justicia Social -afirman-. Requiere independizar la producción, el transporte y la comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera».
Respecto de la producción, señalan que «es posible y necesario impulsar la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal», lo que daría «soberanía alimentaria regional y capacidad de exportación de alimentos sanos, saludables y con trazabilidad, que es lo que la Argentina y el mundo demandan actualmente y a futuro».
Sobre la situación de Vicentin, la UTEP expresa su «total respaldo» al DNU de intervención al grupo empresario y el envío del proyecto de expropiación al Congreso Nacional. «La existencia de una empresa exportadora de carácter nacional es imprescindible para garantizar la Justicia Social ante el avance de los oligopolios», aseveran.
Por otro lado, consideran que la expropiación de la empresa «es el único camino para garantizar el sostenimiento de los puestos de trabajo de alrededor de 7000 empleados y el sustento de sus familias y comunidades; el pago de la producción granaria y ganadera a cerca de 2000 pequeños y medianos productores; el cobro de las acreencias del Estado Nacional a través de la AFIP y las demás reparticiones públicas; y el sostenimiento del comercio local y regional, afectados por la cesación de pagos de la firma».
«Es estratégico poner a la empresa en manos públicas para desempeñar un papel de liderazgo y de contralor en el mercado externo e interno de granos y carnes -continúan-, como así también en la producción, distribución y comercialización de alimentos sanos, seguros y soberanos que garanticen el abastecimiento a las amplias mayorías populares desposeídas».
Finalmente, hacen «un llamamiento a dirigentes políticos, sindicales, agrarios, de movimientos sociales y partidos políticos del campo popular, a sumarse y sostener estas propuestas bajo las consignas: ¡Soberanía Alimentaria Ahora! Vicentín se expropia. Vicentín debe ser una Empresa Pública. ¡La Patria así lo exige!»
