Organizaciones sociales, políticas y gremiales se manifestaban hoy en el edificio de Tribunales para exigir que «se reinstale el Estado de Derecho en la provincia» ante la «avanzada en la criminalización de la protesta» por parte del «gobierno de Gerardo Morales y de una justicia» que «funciona bajo sus órdenes».
Los referentes señalaron que se hicieron eco de «causas abiertas» buscando «acallar a quienes se manifiestan» y repudiaron una condena a tres años y seis meses de prisión dictada ayer contra el abogado, Alberto Nallar, que participó, brindando asesoramiento legal, de las protestas contra la reforma constitucional en la provincia.
Mariana Vargas, una de las letradas que representa a la Multisectorial contra la Reforma, dijo que «es terrible que se haya condenado a un abogado por haber ido a los cortes de ruta y haber sido uno más de los que han luchado contra la reforma inconstitucional de Morales», y afirmó que «es un mensaje brutal para todos los abogados y abogadas de Jujuy».
«La condena es absolutamente ilegal. Exigimos que se vuelva a instalar en Jujuy el Estado de Derecho y que podamos gozar de las libertades democráticas, que incluye que los abogados podamos estar con nuestra profesión al servicio del pueblo en la lucha contra la reforma», agregó Vargas.
Sobre la criminalización de la protesta, Vargas apuntó contra el Código Contravencional vigente y manifestó que «está siendo utilizado para lograr limitar, disciplinar y perseguir a quienes luchan», cuando hay más de un centenar de referentes sociales afectados, y señaló que es «inconstitucional».
En ese contexto, la Multisectorial Contra la Reforma realizó un planteo ante el Superior Tribunal de Justicia local y mantenía una audiencia en la que se abordó la respuesta a la demanda por parte del Estado provincial.
«Hay muchas contradicciones en esa contestación y eso motivó que en esta audiencia ofrezcamos pruebas que alumbren sobre el desastre del Código Contravencional. Se persigue por la justicia penal por la misma conducta que también se persigue con el Código Contravencional y es absolutamente ilegal», acotó la abogada.
Además, indicó que en el marco de la discusión avanzaron en ofrecer a testigos expertos, como los abogados Raúl Zaffaroni y Eduardo Barcesat.
«Esperamos se dicte una sentencia favorable, pero ya hemos dicho desde la Multisectorial contra la Reforma que, en caso de que sea negativa la respuesta, nos vamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación», expresó Vargas sobre la demanda en curso.
La jornada de reclamo en los Tribunales de Jujuy sumó también expresiones de apoyo a los dirigentes sociales Sebastián Copello, Juan Chorolque y Verónica Urzagasti, «judicializados por haber protagonizado manifestaciones para pedir alimentos para comedores y merenderos».
Copello, dirigente del Partido y Polo Obrero de Jujuy, dijo que se encontraban convocados a una última audiencia, que fue suspendida y explicó que «claramente quieren tener las causas abiertas para tratar de mantener apretados y disciplinar a todo aquel que se manifiesta».
«Que haya muchas causas abiertas, que haya condenas, busca tratar de meter miedo al movimiento popular», agregó, rechazó la sentencia contra el abogado Nallar y llamó a «seguir movilizados» en demanda por la «absolución de todos los judicializados por luchar».