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Los «inquilinos» de la Casa Rosada no se conforman con las reformas económicas: ahora buscan «cambiar las reglas del juego» en la política misma. El plan, con fecha de presentación tentativa para 2026, promete una de las reformas electorales más profundas de las últimas décadas en Argentina.
El proyecto, impulsado por el grupo libertario, tiene como objetivo central desmantelar estructuras consolidadas y plantea tres ejes de alto impacto:
Crónica de una muerte anunciada: PASO
El punto más explosivo es la eliminación definitiva de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Desde el Ejecutivo, sostienen que estas primarias no cumplieron su rol original y solo sirvieron como una costosa encuesta anticipada. De ser aprobada, la medida obligaría a los partidos a reorganizar su vida interna sin la «ayuda» estatal para definir candidaturas.
- Intervención interna: La reforma también buscaría modificar la regulación de la personería jurídica, permitiendo una mayor intervención en la vida interna de los partidos.
Manosear la Boleta Única de Papel (BUP)
Si bien el oficialismo apoya la BUP, buscará introducir una modificación clave para simplificar el voto:
- El Casillero Mágico: Se añadiría un casillero que permita votar listas completas con una sola marca. El argumento oficial es evitar las confusiones que se registraron en los últimos comicios, especialmente en categorías con voto múltiple.
- Federalización: En paralelo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, lidera un lobby activo con referentes provinciales de La Libertad Avanza para impulsar la implementación de la BUP a nivel federal, buscando un sistema unificado en todo el país.
«Lo que Importa es la Plata»: Revolución en el Financiamiento
Aquí es donde el cambio es más radical. La Casa Rosada tiene un objetivo claro: derogar los límites actuales de aportes privados a las campañas y modificar el origen del dinero para la política.
- Aportes sin techo: Se eliminarían los topes que hoy existen tanto por agrupación política como por persona física, abriendo la puerta a aportes millonarios.
- Adiós a la pauta obligatoria: Se eliminaría la obligación de que el 35% de la inversión digital de campaña se destine a medios periodísticos nacionales.
La financiación pública también se vería afectada. El Gobierno quiere establecer un nuevo esquema basado en un módulo electoral que sería fijado anualmente dentro de la Ley de Presupuesto, redefiniendo así los criterios de asignación y los topes de gastos de campaña.
¿Adiós a los Parlasur directos?
Finalmente, la reforma analiza transformar el sistema de elección de los parlamentarios del Mercosur. Se pasaría a un mecanismo indirecto, donde la distribución de bancas dependería de la composición que ya tenga el Congreso Nacional.
