Más de 60 comunidades originarias nucleadas en el espacio Defendiendo el Territorio endurecieron su postura y decidieron que cualquier funcionario, organismo estatal, fuerza de seguridad o empresa extractivista debe pedir autorización para ingresar, circular o realizar actividades en sus territorios ancestrales.
La medida fue adoptada tras una asamblea realizada en octubre y formalizada mediante la presentación este miércoles de un pronunciamiento ante la gobernación, impulsado por el profundo malestar ante los incumplimientos del ejecutivo provincial encabezado por el gobernador Carlos Sadir y la falta de respuestas a sus demandas históricas.
La abogada de las comunidades, Silvana Llanes, detalló que el conflicto escaló debido a la falta de avance en la entrega de las personerías jurídicas pendientes y la ausencia de concreción en las carpetas técnicas y los relevamientos territoriales que por ley corresponden.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), señaló: «Han incumplido en un todo con la mesa de trabajo. Faltan cuatro personerías jurídicas que no se entregan, sin fundamento ni justificación, y tampoco procedieron con la entrega de las carpetas técnicas, los relevamientos territoriales y todo lo que deberían haber realizado por ley».
«La Secretaría de Pueblos Indígenas, que debería acompañar hasta que tengan el título comunitario, no lo ha hecho», agregó la abogada, y reveló que el Gobierno no respondió el pedido de información sobre el destino de los fondos nacionales que se enviaron a la provincia desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para realizar los relevamientos territoriales, pagar a los profesionales y entregar los títulos comunitarios.
«De las 420 comunidades que están registradas, sólo tenemos, según lo que nos informaron, 93 títulos comunitarios. El resto no están», precisó.
El malestar de las comunidades se profundizó luego de que la diputada oficialista Angélica Castillo, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura, implementó restricciones y requisitos para que los referentes indígenas puedan acceder a las reuniones de dicha comisión parlamentaria.
Para Llanes, esta disposición vulnera los reglamentos internos de la cámara y representa una «falta de respeto» hacia los pueblos originarios. «Las comunidades se dan con que la diputada Angélica Castillo viene a ponerles requisitos para que tengan acceso a reuniones con estos diputados que se olvidan que son elegidos por el pueblo», señaló, calificando la situación como una «vergüenza total».
Ante las restricciones y los incumplimientos, la respuesta de las comunidades ha sido aplicar la misma normativa bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, exigiendo que cualquier funcionario o interesado en ingresar a los territorios comunitarios deba presentar una nota formal dirigida a la asamblea general, máxima autoridad comunitaria, la cual evaluará la pertinencia del pedido.
«¿Querés entrar a mi territorio? Me dejás un acta, una nota, y nosotros en la Asamblea General veremos si sos pertinente o no sos pertinente, y para qué», refirió Llanes, y destacó que las comunidades «tienen todo el derecho de hacerlo» porque la consulta previa informada establecida en el Convenio 169 de la OIT específicamente dice que la participación indígena en las decisiones «tiene que estar desde el momento cero».
Asimismo, las comunidades advirtieron que iniciarán todas las acciones legales pertinentes en el plano penal, civil e internacional contra los funcionarios responsables por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La próxima semana, el mismo pronunciamiento será entregado formalmente en la Legislatura, dirigido al presidente de la cámara y vicegobernador Alberto Bernis.
El documento completo
Pronunciamiento de Comunidades Originarias
Las Comunidades Originarias abajo firmantes, reunidas en Asamblea Provincial, declaran solemnemente ante la opinión pública, la prensa, las autoridades estatales y los organismos internacionales de derechos humanos:
Que, en virtud de las sistemáticas e ilegítimas acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Provincia de Jujuy en perjuicio de nuestras comunidades, configurándose un constante exceso de funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad;
Que habiendo constatado la vulneración continua de nuestros derechos fundamentales garantizados por el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, tratados internacionales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en lo relativo al reconocimiento formal de la personería jurídica, la propiedad y titularidad de los territorios comunitarios ancestrales, y el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación;
Que habiendo sido víctimas reiteradamente de tratos discriminatorios por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura de la Provincia, así como de la inacción, falta de respuesta y flagrante negligencia en la tramitación de las personería jurídica y los títulos de propiedad comunitaria por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas;
Que ante la falta de control, supervisión y garantía de nuestros derechos por parte de Gobierno de la Provincia, del Ministro de Gobierno y Derechos Humanos, el Sr. Normando Álvarez García, la Secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, la Presidente de la Comisión de Pueblos indígenas de la Legislatura de la Provincia de Jujuy, la Sra. Angelica Castillo, la Secretaria y Juzgado Administrativo de Minería de Jujuy:
Resuelven y Declaran:
Denegación Absoluta de Autorización: El Gobierno Provincial y la totalidad de sus organismos dependientes (ministerios, secretarías, direcciones y fuerzas de seguridad), así como las empresas mineras o particulares con aval estatal, no cuentan con la autorización ni con el Consentimiento Previo, Libre e Informado de estas comunidades para ingresar, circular, intervenir o realizar actividad alguna dentro de nuestros territorios comunitarios ancestrales.
Reserva de Acciones Legal y Territorial: Nos reservamos el derecho de iniciar las acciones penales, civiles e internacionales correspondientes contra los funcionarios responsables y ejercer la defensa territorial legítima e inalienable conforme a derecho.
Dado en Asamblea Provincial de Comunidades Originarias.
Entre otros, firman la nota representantes de las comunidades Tafna, Santa Rosa, Abdo Rodero, El Cóndor, Jachasga Unay Ukuchimpi, Varas, Tusca Pacha, Ñaupa Marka Kolla, Guerrero, Cueva del Inca, El Churcal, Huacalera y Caspalá.