En una entrevista realizada por Rosario Lufrano en Radio Rivadavia, el ex director de la Agencia Federal de Investigaciones Oscar Parrilli anunció que ampliará su denuncia porque siguen apareciendo filtraciones ilegales a la prensa de escuchas realizadas en el marco de precausas judiciales. Afirmó que el gobierno quiere esconder con una cortina de humo el malhumor social creciente.
Oscar Parrilli ampliará en los próximos días la denuncia realizada por la nueva filtración a la prensa de escuchas ordenadas en el marco de precausas judiciales y causas inventadas. En una entrevista realizada esta mañana en el programa “Digo lo que pienso” de Radio Rivadavia, afirmó que con el nuevo audio dado a conocer por el periodista Luis Majul el domingo por la noche se vuelve cometer un delito “que es la filtración de las escuchas a la prensa. Es un delito que no lo comete Majul, los delincuentes son los que han dejado trascender estas escuchas telefónicas, algo prohibido por la Ley». Calificó al hecho como “una cortina de humo para esconder todo el desastre que hace el gobierno. Quieren esconder a través de esta cortina de humo el malhumor social».
Agregó que en los casos anteriores se ha realizado la denuncia penal —causa que se tramita en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral— para “determinar quién las filtró. Pudo ser, en primer lugar, el juez Ariel Lijo o alguno de sus secretarios porque fue desde allí donde se ordenaron las escuchas; en segundo lugar, Ricardo Lorenzetti, Martín Irurzun o Tomás Rodríguez Ponte y toda la cadena de mandos de la Dirección de Captaciones de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Y en tercer lugar, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani de la AFI, que efectivizaron las escuchas».
Además, puntualizó sobre el sistema de escuchas judiciales que «ordenar escuchas implica la restricción de derechos individuales de las personas, ese recurso se tiene que utilizar muy limitadamente. La ley dice que se tiene que hacer por 30 días; si en esos días no se encontró nada el Juez puede prorrogarlo por 30 más, pero si no hay nada tiene que pararlo” Y subrayó que el Juez “si encontró algo lo tiene que investigar y si no encontró nada tiene que ordenar destruir los archivos de las escuchas, cosa que no se hizo».
Acerca de lo dado a conocer anoche en un programa del canal América, Parrilli explicó que «El Grupo Clarín utiliza al grupo América para seguir adelante con esta campaña de desprestigio contra la ex Presidenta», y aclaró que «se trata de una conversación privada donde uno utiliza términos que son propios de las relaciones personales”. «Cuando ella dice ‘apretar´ se refiere a reclamarle a los jueces que investiguen a Stiusso, que es lo que estábamos conversando». Y agregó que “nosotros denunciamos penalmente a Stiusso por delitos que van desde contrabando a espionaje ilegal, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, entorpecimiento de la acción de la justicia en el atentado de la Amia. De lo que se trataba era de reclamar que la justicia actuara y se llegara a algún resultado».
El titular del Instituto PATRIA enfatizó que quien “aprieta” a los jueces es el Poder Ejecutivo: “dicen que van a pedir la remoción de Freiler y Rafecas; el Ministro de Trabajo pidió juicio político a un Juez por el contenido de un fallo” y recordó cuando Jorge Lanata pidió por radio que los hijos de determinados jueces fueran hostigados.
Parrilli destacó que Cristina Fernández de Kirchner «hizo denuncias por persecusión y espionaje político. A mí me intervinieron el teléfono desde marzo a junio, y como el Juez les dijo que si no encontraron nada no podían seguir con las escuchas, entonces saltaron a otro Juez que ordenó grabarme hasta septiembre. Posiblemente ahora otro Juez haya ordenado una escucha más».
Sobre las escuchas afirmó que «estuvieron 9 meses pinchándome el teléfono a mí y a la ex Presidenta y no encontraron nada», y agregó que si los jueces o fiscales hubieran encontrado algún delito deberían haberlo denunciado en su momento “no ahora, porque sale en un medio de prensa”. «Se cansaron de decir que nosotros éramos un gobierno corrupto y este gobierno ya tiene 50 denuncias penales en la justicia por hechos de corrupción. La Vicepresidenta de la Nación no pudo dar explicaciones por el dinero que tenía en un placard. Los conflictos de intereses de Avianca, del Correo, las autopistas; todos los días aparecen casos».
Para finalizar, afirmó que «lo que nosotros queremos es que cambien la política económica; que no lleven adelante esta política económica en contra de los argentinos. Están saqueando el Estado y cada vez hay más pobres y más desesperanza».