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Una abogada que actuó en querellas de juicios por delitos de lesa humanidad, residente en Rosario, recibió una nota en su casa, con su nombre y una amenaza: que dejara de participar en esas causas y que «raje a tiempo» ya que había «un sicario pago para ella y su familia».
Sin hacer público el tenor de la intimidación contra Natalia Moyano, un comunicado conjunto de Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y de HIJOS Rosario denunció «un nuevo hecho de violencia contra una militante de derechos humanos, perteneciente a nuestras organizaciones».
El episodio fue a fines de marzo, la profesional realizó la denuncia de inmediato y ahora se encuentra «preservada y acompañada» por sus compañerxs.
«Días atrás, nuestra compañera recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación y de la gravedad de los hechos. La nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y, además, amenaza su integridad física», dice el comunicado conjunto.
Las organizaciones de derechos humanos sostienen: «Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país: desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no dé charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke».
Abuelas e HIJOS efectuaron la denuncia pertinente y solicitaron «al poder judicial que se avoque de lleno en la investigación y agote las instancias necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido».
La comunicación conjunta apela también a la sociedad, para pedirle «mesura para no entorpecer dicho proceso judicial y particularmente para resguardar a nuestra compañera y su familia».
La difusión pública de este tipo de violencias resultó necesaria. «No podemos dejar de advertir públicamente sobre este hecho intimidatorio y violento, que no es aislado. Es este clima social, habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo», dice el texto de HIJOS y Abuelas.
También apuntan al gobierno de Maximiliano Pullaro, en la provincia de Santa Fe. «No podemos dejar de advertir que este discurso también fue sostenido por el gobernador de nuestra provincia, quien no tuvo tapujos en decir que no quiere reclamos de los Organismos de Derechos Humanos, en medio de una escalada de violencia sin precedentes en nuestra ciudad».
La amenaza contra una abogada que realiza su tarea profesional y militante de manera pública, implica una nueva violencia contra el colectivo de derechos humanos. «A poco de conmemorar los 40 años de democracia, estos delitos son inadmisibles y repudiables. Por lo tanto, instamos de manera urgente a los gobiernos nacional y provincial a frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente, y exigimos la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes y para garantizar la seguridad de las víctimas», dijeron las organizaciones rosarina.
«Los organismos de derechos humanos seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política y continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más», termina el comunicado.
Ante la consulta de Página/12, integrantes de HIJOS Rosario plantearon que «no es menor que Pullaro siendo el gobernador de nuestra provincia diga públicamente que no va a escuchar reclamos de los organismos de derechos humanos y que está estudiando indultos a ex policías juzgados y cumpliendo condena por crímenes gravísimos, justificandolos con la categoría de emoción violenta».
Para la militancia de HIJOS, «la violencia direccionada hacia los movimientos de derechos humanos y al feminismo fue parte de la agenda del gobierno de Milei y sostenida en las redes con sus tropas Twitteras. Aunque intenten amedrentarnos seguiremos denunciando las consecuencias de este plan económico de miseria planificada que afecta a nuestro pueblo».
Desde HIJOS hicieron «responsables a los tres niveles del estado» por la seguridad de la abogada amenazada, pero también de «los militantes de derechos humanos en su totalidad».
«Creemos que el ataque es a todo el colectivo de derechos humanos», enfatizan.
Por Sonia Tessa, en Página/12
