Patricia Cabana, Gladys Díaz y Mirta Aizama están imputadas por “asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública” en la causa “Pibes Villeros”, y sumándose a la medida de fuerza iniciada por Sala eexpresan su desacuerdo con la sanción de diez días que se le impuso a Sala por “mal comportamiento”.
Lo que las autoridades interpretan como «mala conducta» de Sala se vincula con que desde hace algunos meses la diputada del Parlasur empezó a dar entrevistas a los medios, entre ellos a El Submarino Radio, y enviar mensajes de contenido político a la militancia, a través de referentes que la visitaban.
Las primeras apariciones de Sala en medios a través del teléfono generó expedientes iniciados contra las guardiacárceles, ya que había trascendido que las notas radiofónicas se habían realizado mediante un teléfono celular, aunque rápidamente se pudo comprobar que se habían hecho a través del teléfono público del penal.
Ahora, la dirigente social está aislada, en su celda, sin que se le permita tener contacto con las otras internas. Sobre las visitas, quedaron restringidas a su círculo familiar.
El abogado defensor de Sala, Luis Paz, presentó un hábeas corpus el mismo viernes, apenas conocida la sanción. En audiencia en el despacho del juez de control N° 4, Isidoro Cruz, con el director del Servicio Penitenciario de Jujuy, Víctor Carlos Morales, Paz denunció que con esta medida se están violando los derechos constitucionales de Milagro Sala y su derecho de defensa.
En tanto, Sala calificó como «arbitraria» la decisión de incomunicarla prohibiendo las visitas en el penal, y atribuyó las restricciones a una orden del gobernador Gerardo Morales.
Milagro Sala está detenida desde el sábado 16 de enero, acusada de «instigación» por una protesta de cooperativistas frente a la Casa de Gobierno. Aunque en esa causa fue excarcelada, nunca recuperó la libertad ya que a partir de ese momento se fueron acumulando otras causas penales en su contra. Este lunes cumple 212 días de arresto.