Panorama: El pedido de juicio político a una integrante del Superior Tribunal

Por Alejandro Cano. El pedido de juicio político a una integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy se relaciona con una cuestión de dinero: el que maneja la cuestionada caja previsional privada de los abogados locales, que de acuerdo a la ley ya debería haber sido disuelta. Una letrada pidió su derogación hace dos años y la única respuesta que obtuvo fue la suspensión e inhabilitación para desempeñarse profesionalmente.

El 17 de noviembre pasado, la abogada María Marcela de los Ríos presentó en la Legislatura de Jujuy una denuncia y solicitud de juicio político a la titular de la Vocalía 2 del STJ, Beatriz Elizabeth Altamirano.

Convencida de estar siendo objeto de una persecución, decidió solicitar el juicio político en los términos del artículo 172 de la Constitución de la Provincia de Jujuy. En la denuncia señala que la jueza habría incurrido en los delitos de denegación de la justicia y desconocimiento de los derechos a la vida, libertad y propiedad, además de haber incumplido con los deberes de funcionario público.

Este expediente debería ser tratado ahora en la comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, que preside por el diputado oficialista Ramiro Tizón.

Cuestión de caja

¿Por qué De los Ríos asegura que es víctima de persecución por parte de la vocal del STJ? Por cuestiones de dinero.

La historia se remonta a antes de diciembre de 2015, cuando la abogada se reunió con Altamirano, siendo ésta diputada, para tratar la derogación de la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados de Jujuy (Capsap). “Le pasé un proyecto de modificación, pero al poco tiempo fue designada jueza del Superior Tribunal de Justicia”, cuenta.

Hace dos años, De los Ríos insistió con el tema e hizo un planteo de inconstitucionalidad de la creación de la Capsap. La consecuencia inmediata fue la suspensión de su matrícula por parte del STJ, en esta ocasión con la firma de la vocal Laura Nilda Lamas González. “No quieren solucionar este tema porque saben que tengo razón”, señala.

La abogada recuerda que antes de la creación del Colegio de Abogados de Jujuy en 1976, los letrados que se recibían debían inscribirse en el Superior Tribunal, y que la actividad profesional se regía por la Ley orgánica del Poder Judicial, que tiene un artículo que habilita la suspensión de los abogados. Artículo que es invocado aún hoy para decidir este tipo de sanciones.

Sin respuesta a sus presentaciones legales, De los Ríos acudió entonces al Colegio de Abogados con toda la documentación. “No hicieron nada; el presidente del Colegio, Marcelo Elías, no me contesta”, revela.

La sanción puso a la abogada en una situación circular: por estar suspendida no puede litigar; para levantar la suspensión, debería pagar una multa, pero no puede pagarla porque no puede trabajar.

Tras 30 años de ejercicio de la profesión, asegura que nunca había tenido inconvenientes. Y que esa medida en su contra se debe a su lucha por la declaración de inconstitucionalidad de la Caja de abogados. “La Caja es un robo. Pero les molesta que insista, no quieren resolver la cuestión porque saben que tengo razón”, afirma, y menciona el antecedente de la Caja de Buenos Aires, que sí fue derogada.

La abogada explica que el sistema previsional argentino es único, por lo que los aportes de los abogados deberían ir a la Anses. La Capsap, en cambio, es una caja privada cuyos recursos no se distribuyen hacia los servicios públicos de educación, salud, justicia y seguridad. Por lo tanto, asegura, su existencia es inconstitucional, puesto que desde la sanción en 2008 de la Ley Nacional 26.452 se eliminaron las cajas previsionales privadas.

“Ellos quieren mostrarle al resto del foro que si cuestionan esta situación, los echan. La mía es una sanción ejemplar; quieren disciplinar a todos”, analizó De los Ríos.

Pasados dos años de la suspensión, y sin haber obtenido respuesta a sus planteos, De los Ríos se encontró en medio de un proceso judicial particular que la involucra a ella y a su familia. Y aquí también se vio perjudicada por la inacción de la justicia.

En su reciente pedido de juicio político a Altamirano, la abogada aportó pruebas determinantes del “odio brutal” y la persecución de la que es víctima por parte de la jueza. “Me denegó derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, por lo que ningún juez los puede desconocer. Me suprimen y me cancelan como ciudadana”, define, e indica que la suprema “se encapricha” no solo contra su persona sino también contra su madre, “una anciana de 93 años que está postrada, denegándole también sus derechos”.

La toga sí se mancha

Si bien considera que en Jujuy la justicia nunca fue totalmente independiente del poder político, De los Ríos está convencida de que la gestión de Gerardo Morales agravó la situación. “Ahora es peor, porque hay jueces que antes eran diputados, entonces no hay independencia del Poder Judicial”, afirma.

“Las sentencias de los jueces son brutales, y esto repercute en la falta de acceso a la justicia para los ciudadanos, que para pedir justicia deben movilizarse en las calles”, completa.

Altamirano es una de quienes pasaron del Legislativo al Judicial. “Primero fue diputada y ahora, como jueza, dicta fallos arbitrarios y se niega a resolver los recursos legales que he planteado”, repasa De los Ríos, y reflexiona: “Tal vez no quiere trabajar y no le gusta la función judicial”.

Buena parte de las acciones -o inacciones- del actual Superior Tribunal de Justicia de Jujuy han sido observadas con preocupación en los últimos años. Existe un cuestionamiento de origen. Es que Gerardo Morales no perdió tiempo cuando el 16 de diciembre de 2015, seis días después de asumir su primer mandato al frente de la Gobernación de Jujuy, mandó a realizar una sesión extraordinaria en la Legislatura en la que se modificó la composición del STJ, que pasó de tener cinco miembros a sumar nueve.

Luego de romper la hegemonía del peronismo en el poder de la provincia, y con un correlato de fuerza política a su favor, Morales alineó al Poder Judicial sin vacilar. Y este evento sería el símbolo de la etapa que se impondría en la provincia hasta el presente.

Beatriz Altamirano, para quien De los Ríos pide el juicio político, fue una de los dos diputados provinciales de la Unión Cívica Radical que votaron por la ampliación de la Corte jujeña en esa sesión extraordinaria ­─el otro fue Pablo Baca─, y renunciaban horas después a sus bancas para, precisamente, jurar como integrantes del nuevo STJ.

La balanza se inclinaba demasiado y a la vista de todos.