Sobre los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo a la Legislatura con el fin de regular las formas de contratación en la administración pública, señaló: “Estamos dispuestos a aportar los datos necesarios para que esta ley sirva a todos los organismos estatales, porque hay personal con muchos años de servicio que necesita estabilidad y seguridad”.
En particular, respecto de la situación en la capital provincial, indicó: “Tenemos alrededor de 700 casos, pero hay varios programas sociales, así que se va a ver cuál es la situación que conviene a cada uno”, y sobre la perspectiva de solución, comentó: “En la medida que estén los fondos y la voluntad política, se va a poder avanzar en esto”.
Consultado sobre las cifras que maneja, admitió que “es difícil establecer un monto necesario para desprecarizar”, dijo que “hay que estudiarlo bien” y precisó: “El presupuesto debe salir de la Provincia y de la Nación, y en los municipios veremos de qué nos tenemos que hacer cargo, porque cada caso es diferente”.
“Precarizado es aquel que tiene un empleo no reconocido en las condiciones acostumbradas, en contratos de servicio o de obra, o planta permanente. Cuando el contrato con el Estado no es claro, entonces es precarización”, definió Jorge.
“No se trata solo del tema salarial, sino además de todas las responsabilidades que tiene el municipio. Nos hacemos cargo de vecinos de asentamientos, porque no podemos dejar de atenderlos”, afirmó.