El abogado, especialista en cuestiones laborales, explicó: “El proyecto de ley intenta resolver el trabajo no registrado, pero la no registración es una especie dentro de la gran variedad de la precarización, y es una parte minoritaria. Porque la gran mayoría de los precarizados son los contratados en forma fraudulenta”.
En ese sentido, detalló: “La ley apunta al trabajo en negro. El problema es que si yo tengo un contrato basura o un plan, estoy registrado. Pero estoy precarizado, porque por ejemplo un plan social tiene como objetivo capacitar a la persona desempleada para que consiga un trabajo en el futuro y en cambio estos planes se usan para hacer que la gente haga el trabajo de alguien de planta permanente. Eso es fraudulento. Son personas registradas, pero incorrectamente registradas”.
Desde la Intersindical de Trabajadores del Estado (ITE), explicó Fiad, no plantean una oposición a la ley, sino que esperan que haya margen para aportar modificaciones. “Nosotros tenemos propuestas en ese sentido. El gobierno debe abrir la ley para todos los precarizados. Y si no lo hace, el conflicto va a continuar”.
El año pasado, la ITE firmó con el Ejecutivo un acta en la que se estableció un compromiso de desprecarización. “El gobierno se comprometió a desprecarizar a todo el que preste servicio, sin importar en que forma. Pero ahora toman la iniciativa de enviar este proyecto de ley que no da cumplimiento ni siquiera al acta”, precisó Fiad.
Por esta razón, entienden que esta ley da respuesta a una sola parte. “Además pretenden que la discutamos en el poder legislativo, cuando las paritarias se discuten entre el empleado y el empleador, que en este caso es el Estado”, señaló el abogado.