Los principales referentes de los sindicatos estatales brindaron una conferencia en la que detallaron los puntos que llevarán a la reunión del lunes próximo con funcionarios, después de que el gobierno suspendiera el encuentro que estaba previsto para este martes. Además de reiterar el enojo por la postergación, trazaron un panorama más que complicado del sector.
El lunes van a plantear antiguos reclamos no resueltos, como el pase a planta permanente, y otros que refieren a la violencia laboral y la persecución judicial a dirigentes sindicales. Rechazan además la reconversión de los contratos de servicio a contratos de obra, como así también los constantes desplazamientos de trabajadores de un sector a otro. Y, por supuesto, el tema central de la recomposición salarial, que viene sumando atrasos frente a la inflación, sin que el gobierno ofrezca siquiera medidas para paliarlo.
El petitorio fue consensuado entre los tres colectivos sindicales que integran el Frente Amplio Gremial: el Frente de Gremios Estatales, la Multisectorial y la Intersindical de Trabajadores del Estado.
La devolución de los días de huelga que se descontaron, que en algunos casos llega a 3000 pesos, y las condiciones de trabajo también están en el petitorio. Sobre este último aspecto, aseguraron que no reciben indumentaria ni elementos de trabajo adecuados, que algunos deben poner sus propios vehículos para cumplir con sus tareas y que no hay computadoras.
Yolanda Canchi, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), informó: «Vamos a pedir que caigan todas las causas judiciales que se han construido contra los dirigentes sindicales por defender los derechos e intereses de los trabajadores. Los trabajadores tienen impedido luchar, son amenazados por los jefes en los lugares de trabajo y también castigados con los descuentos».
Sobre esta cuestión, van a pedir «que se revierta la ley inconstitucional de los descuentos y que se coloque que si la huelga es legal y tiene fundamentos solidos, no se descuente», agregó Canchi.
«Queremos repudiar la persecución que hay a mansalva de todos los dirigentes gremiales. Lo que quiere este gobierno es anular a los gremios y a los dirigentes. Quieren dirigentes que vayan de rodillas a mendigar, pero la gente nos eligió para que los defendamos y para eso tenemos fueros», afirmó Yolanda Mamaní, del Sindicato de Obras Sanitarias.
Sobre la situación en la empresa estatal Agua Potable, la sindicalista indicó: «Ahora nos quieren quitar los fueros para echarnos. En mi caso hay una denuncia de la empresa, todavía no sé por qué, pero está claro que lo que pretenden es ponerme un bozal. Pero no van a poder. Yo voy a seguir hablando y voy a seguir denunciando. El gremio tiene infinidad de juicios denunciados y la justicia nunca se ha pronunciado, y sin embargo la empresa hace una denuncia y a los 15 días ya me notifican».
También van a pedir que el gobierno «defina de una vez por todas» cuál va a ser el monto por los años 2016, 2017 y 2018, que todavía no se ha implementado, y que diga cuál va a ser la piramidación. El problema es que la mesa técnica, en la que se debe trabajar en detalle esta cuestión, nunca se reunió.
«La mesa técnica no se está reuniendo a pesar de la inquietud permanente que tenemos los sindicatos», afirmó Susana Ustárez, titular de la Asociación de Personal de Ooganismos de Control (APOC), y agregó: «Lo primero que queremos saber es cómo va a recuperar el gobierno de la provincia lo perdido en años anteriores y cómo vamos a estar en el 2019».
En este sentido reiteró la exigencia de que se implemente la cláusula gatillo para la actualización de los salarios en relación al aumento del costo de vida. «Hoy ya tenemos una inflación acumulada del 13 por ciento, es decir que con el 10 por ciento que nos han liquidado estamos tres puntos por debajo», precisó Ustárez.
La sindicalista recordó que la mayoría de los trabajadores estatales no recibió ningún aumento en el primer trimestre del año: «Hemos soportado la inflación sin recomposición salarial. En enero no se dio; en febrero, tampoco, salvo a los docentes, y lo de marzo lo acabamos de cobrar en abril. Es decir que los tres meses hemos soportado los trabajadores sin recomposición salarial».
Ante la suspensión de la reunión, los dirigentes sindicales temen que se vuelvan a liquidar los próximos sueldos sin ninguna actualización. «Si la primera reunión se dilata hasta el 22, lo más probable es que digan que en abril no va a haber nada. Y eso es insostenible, inadmisible», aseveró Ustárez.
Consultados sobre su participación en el paro general organizado a nivel nacional por las dos CTA, movimientos sociales y otros sectores sindicales, indicaron que todavía no tomaron una decisión, puesto que se están realizando reuniones en cada sindicato para definir la postura que tomarán. Sin embargo, aclararon que comparten los reclamos que llevan a esa medida de fuerza, «porque son transversales».