Tras la destitución mediante juicio político del expresidente Santiago Peña, desencadenada por el escándalo del colapso del Ueno Bank, el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, ha comenzado a reorganizar el Poder Ejecutivo y a tomar medidas de contingencia económica y política.
En sus primeras decisiones de gestión, Alliana solicitó la renuncia a todos los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza. Según explicó el mandatario, la medida busca «fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos». Asimismo, propuso al economista Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y a Fernando Rivarola como miembro de su Directorio.
En el plano internacional, Alliana recibió la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien felicitó al mandatario paraguayo y reafirmó el compromiso de su país con una «asociación sólida y duradera con el pueblo paraguayo» en áreas de seguridad, comercio e inversiones. Por su parte, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, resaltó que la alianza bilateral impulsa la prosperidad de la región.
Avances en la causa Ueno Bank
En el frente judicial, el Ministerio Público intensificó las investigaciones por el desfalco en Ueno Bank. Durante un allanamiento en la mansión del destituido expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, la Fiscalía halló una bóveda de seguridad hermética de alta tecnología de origen israelí, con reconocimiento biométrico por iris y puertas de acero.
Dado el nivel de complejidad del sistema, las autoridades evalúan distintas vías para su apertura. Una de ellas es el traslado de la exprimera dama, Leticia Ocampos, para verificar si posee acceso registrado en los sistemas biométricos.
También planean recurrir a una detonación controlada asistida por especialistas en caso de no hallar mecanismos convencionales.
Ante las críticas por la omisión inicial de incautar el teléfono celular de Peña, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, designó a más agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción para reforzar el equipo investigador. A la par, un grupo de legisladores presentó denuncias penales sobre presuntas «fugas selectivas de fondos» antes del colapso del banco, sospechando que sectores vinculados al poder habrían retirado capital de forma anticipada.
Protección a los trabajadores
En materia laboral, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, anunció un plan de contención para cerca de 7.000 trabajadores afectados por el cierre de operaciones de Ueno Bank y las empresas del Grupo Vázquez.
Mediante un decreto presidencial, se liberó a los empleados de las cláusulas de exclusividad laboral para que puedan colocarse en nuevos empleos sin renunciar a sus derechos acumulados. Asimismo, el Ejecutivo coordina con el BCP la liquidación laboral directa de 490 dependientes de la entidad bancaria, al tiempo que garantizó la continuidad de la cobertura médica del Instituto de Previsión Social (IPS) y apoyo legal a los afectados.