Paro de Apuap por 48 horas: Primera protesta contra Sadir

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) inició un paro de 48 horas, en reclamo de “salarios dignos para todos y todas” y por la falta de convocatoria para discutir la paritaria, además del incumplimiento de los compromisos asumidos con el sector por parte de las autoridades.

La medida de fuerza que se llevará a cabo con asistencia a los lugares de trabajo y posterior retiro hacia el centro de la ciudad capital para protagonizar una jornada de actividades de difusión y de concientización a la opinión pública, con la consigna, “salarios dignos para todos y todas”.

La protesta es la primera contra la nueva gestión de Carlos Alberto Sadir, quien asumió la gobernación hace 96 horas atrás en la legislatura y está dando sus primeros pasos en el marco de un ajuste que lanzó el gobierno nacional de Javier Milei.

La medida de fuerza se tomó tras una asamblea de trabajadores “debido a la falta de convocatoria del Ejecutivo provincial y la persistencia al incumplimiento de los compromisos asumidos con el sector vinculados a mejoras laborales”, dijo Nicolás Fernández, titular del sindicato de profesionales.

Entre los puntos que reclaman los profesionales jujeños es “el blanqueo de los módulos por desempeño y la corrección en la liquidación del equiparador profesional que lo venimos sufriendo desde el mes de marzo de este año”, sostuvo.

El gremialista consideró que el gobierno jujeño cerró la paritaria de manera unilateral en la última reunión de este año, “lo que deja entrever que se busca congelar los salarios de los trabajadores estatales durante los meses de diciembre, enero y febrero”.

Fernández analizó que, al finalizar la gestión de Gerardo Morales, los profesionales “tuvimos una pérdida del 150% del poder adquisitivo del salario, lo cual preocupa porque profundiza la crisis de recurso humano profesional que persiste en la administración pública provincial”.

Sobre ese punto detalló que, en los últimos ocho años, “cerca de 800 trabajadores profesionales ya no forman parte del Estado, por diversos motivos, muchos de los cuales emigran a otros lugares en busca de mejores salarios o se vuelcan al sector privado”, finalizó.

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