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Los sindicatos docentes de Jujuy adhirieron este martes a la jornada de paro nacional por la falta de convocatoria a paritarias y el recorte de fondos destinados a la educación. La medida de fuerza en la provincia se llevó adelante con acatamiento dispar, aunque se realizó una importante movilización frente a la Casa de Gobierno.
Mercedes Sosa, titular del Centro de Docentes de Educación Media y Superior (Cedems), explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que en los niveles secundario y terciario la jornada coincidió con mesas de exámenes, por lo que la evaluación del acatamiento se realiza de manera diferente a cuando hay actividad normal. «Vamos a tener una medición más fina, pero vemos que hay adhesión al paro», señaló.
El Cedems se sumó a la protesta nacional a pesar de no ser entidad de base de Ctera, sino que pertenece a CEA. «De todas maneras suscribimos al reclamo», aclaró Sosa.
«En particular nuestra preocupación es el proyecto de presupuesto a nivel nacional que presentó el Ejecutivo, que implica un recorte en educación, sobre todo en educación técnica, lo que incidiría negativamente en capacitación, en equipamiento, infraestructura, pasantías», indicó la sindicalista.
Respecto a este punto, remarcó la importancia de la educación técnica en Jujuy, pues «brindan la posibilidad de una formación sólida y una salida laboral a los estudiantes».
Sobre la situación general del sector educativo provincial, Sosa indicó: «Nos enteramos de que hay 126 millones de superávit, pero de la paritaria todavía no tenemos noticias».
El gobierno de Carlos Sadir adelantó que convocarían a paritarias una vez publicado el índice de inflación de septiembre, lo que se concretó en la tarde de este lunes. De todos modos, la secretaria general del Cedems señaló: «Todos sabemos los padecimientos que hay para sobrevivir, que no tienen nada que ver con los índices inflacionarios. No sé cómo se mide la inflación realmente, porque el combustible aumentó, el transporte aumentó, los servicios aumentaron, los fármacos aumentaron, todo aumentó».
«La dinámica de nuestro sindicato es la de siempre: nos convocan, nos dicen qué es lo que se ofrece, nosotros lo llevamos a asamblea, se debate y se define. Pero acá lamentablemente las paritarias son comunicados, no son instancias de negociación. Solo existe algún tipo de negociación cuando tomamos medidas de fuerza», opinó Sosa.
El Estado como garante de la educación
Más allá de los reclamos puntuales, está la cuestión de la ley de financiamiento universitario y el proyecto de presupuesto nacional para 2026 que prevé fuertes recortes para el sector.
«Hay un discurso totalmente incoherente, porque el presidente manifiesta que la Argentina tiene que volver a ser potencia, y sabemos que las potencias, si hay algo que tienen desarrollado, es la educación. Entonces, si se desinvierte en educación, en realidad no se pretende ser ninguna potencia, sino más bien se quiere desfinanciar completamente el sistema público argentino, lo que obviamente lleva a una privatización», analizó Mercedes Sosa.
Y en este contexto, destacó: «El ciudadano común apenas está llegando para cubrir sus necesidades básicas, imaginate si va a poder sostener una cuota de una escuela privada».
«El proyecto de presupuesto pretende que el Estado ya no sea garante de sostener la educación. Y eso es un peligro tremendo», advirtió, y agregó: «Si se consolida el desfinanciamiento, los gobernadores tendrán que rendir cuentas a su población local».
Por su parte, Daniel Roisinblit, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJu, afirmó que el recorte ya aplicado al sector «se siente en las escuelas en cada provincia, en cada una de las universidades».
En su caso, explicó a El Submarino Radio, reclaman por salarios dignos, por paritarias y por la promulgación de la ley de financiamiento universitario, que el gobierno nacional había vetado y fue reafirmada por el Congreso.
«Estamos esperando que se ponga en vigencia, sabiendo que el gobierno busca estrategias para evitar financiar lo que por derecho corresponde a la educación, a la salud y a todo el pueblo argentino. La semana que viene ya debería estar promulgada la ley y el gobierno debería estar ejecutándola. La ley es ley y el ejecutivo se tiene que limitar a cumplirla», afirmó Roisinblit.
El titular de Adiunju detalló que el financiamiento educativo que prevé la ley es de un 6% del producto bruto, un porcentaje al que solo se llegó en el año 2015. «Ahora estamos con el presupuesto 2026, que vuelve a ajustar y nos lleva al orden del 0,65% del PIB. O sea que es una reducción drástica. Y en ciencia y tecnología por ley deberíamos tener el 1% del PBI, pero para el próximo año se prevé llegar al 0,15% del PBI», precisó.
«Este es un gobierno que destruye al país, al estado, un gobierno que prioriza el pago al Fondo Monetario Internacional a la inversión en educación», afirmó, y completó: «Para el año que viene está previsto un 60% más de gasto para la deuda que para educación».
