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Paz Bossio, doctora en Bioética, sobre la vacunación obligatoria: «La imposición no es lo mejor»

«Creo que se han excedido», opinó la abogada Paz Bossio, ex integrante del Instituto del Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de Jujuy, en referencia al decreto 3768 en el que el gobierno provincial dispuso la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19 a todos los empleados públicos, impidiendo asistir a su trabajo a quien no lo haga y, en consecuencia, descontándole la jornada laboral. Aunque reconoce que es necesario buscar la manera de ampliar la vacunación a la mayor cantidad de gente posible, Bossio consideró que esta medida «es un juego que no corresponde» porque pone en cuestión «la autonomía de la voluntad, el carácter alimentario que tienen las remuneraciones y el derecho al trabajo».

El tema, al que Bossio calificó como «muy complejo», está siendo discutido en ámbitos profesionales y académicos, porque se confrontan cuestiones diversas: «Por un lado está la necesidad de lograr la mayor inmunidad posible, lo que se conoce como rebaño inmunitario, para poder minimizar los efectos de la pandemia, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales, los derechos individuales y los derechos colectivos», explicó la abogada y doctora en Bioética en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).

«En este ejercicio entre derechos y salud, también estamos todos aprendiendo, porque la verdad es que nosotros, contemporáneamente, es la primera vez que vivimos una pandemia de este tipo y seguramente no será la última», señaló.

Una de las cuestiones que se debaten tiene que ver con cuáles son los límites que deben manejarse a la hora de establecer las reglas. «Si nosotros pudimos aceptar la restricción de la libertad ambulatoria como un derecho, cuando se impuso el ASPO, ¿por qué en este caso no es lo mismo?», planteó Bossio, y completó: «No es lo mismo porque acá lo que se está poniendo es el cuerpo».

«El cuerpo tiene un carácter de autonomía -agregó-, entonces no es lo mismo que a uno le pongan algo en el cuerpo contra su voluntad».

Por otro lado, remarcó que «todos estamos de acuerdo en que necesitamos cuidarnos como sociedad y que esto lo vamos a lograr con el 75 por ciento de la inmunidad, pero los pasos que se van dando hacia ese objetivo final tienen que responder y respetar garantías constitucionales y derechos básicos».

El decreto 3768 firmado por el gobernador Gerardo Morales establece que los empleados públicos deben demostrar que se vacunaron. En caso contrario, no se les permite ingresar a su lugar de trabajo y además se le descontará la jornada.

«Me parece que es un juego que no corresponde», sentenció Bossio, y explicó: «El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que para los empleos no hay otra condición que la idoneidad. Entonces, no se trata de entregar el cuerpo».

«Creo que se han excedido, porque además la remuneración tiene un carácter alimentario, no es cualquier cosa», concluyó.

En síntesis, para la especialista el decreto «confronta específicamente la autonomía de la voluntad, el carácter alimentario que tienen las remuneraciones y el derecho al trabajo».

En cualquier caso, para Bossio «la imposición no es lo mejor», y en contrario propone «la seducción», es decir, «implementar todas las medidas necesarias para que la población esté convencida de la necesidad de inmunizar».

«Son muchos los colectivos que se están expresando con respecto a este tema, entonces lo ideal hubiese sido sentar en una mesa a todos los actores para consensuar estrategias», propuso.

Si bien en muchos países se han aplicado medidas como el pasaporte sanitario para algunas actividades, para la abogada el método  «tan imperativo» elegido por el gobernador de Jujuy «pone en alerta sobre las formas».

«Estamos acostumbrados a estos imperativos y estamos todos preocupados por el tema, pero sigamos respetando derechos», remarcó.

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