Por esta razón, dijo, la expectativa es que “esta semana o a más tardar en diez días haya una resolución favorable conforme a la orden emitida por la ONU”.
Claro que también hay dudas: “Tenemos expectativa, pero sabemos que en el medio hay un sinnúmero de actores en la provincia, encabezados por el gobernador, que seguramente están haciendo grandes esfuerzos para evitar el cumplimiento de esta resolución”, consideró.
“Me parece que el gobierno nacional tiene la obligación de llevar adelante el pedido, puesto que no hay antecedentes en la historia argentina en democracia de un incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas”, señaló.
En este sentido, repasó los compromisos suscriptos por la Argentina, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que se adhirió en 1984, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la década de 1940, “instrumentos jurídicos que Argentina ha venido cumpliendo sistemáticamente durante este tiempo de democracia, más allá de los gobiernos”, afirmó.
Paz mencionó además un caso reciente, la liberación hace 45 días de Belén, la joven tucumana que había sido detenida ilegalmente como consecuencia de un aborto espontáneo.
“En el caso de Milagro Sala, no habría motivos para no cumplir la resolución de la ONU, más cuando esta resolución dice claramente que es una presa política y que se le han violentado innumerables derechos constitucionales que tiene como ciudadana, y por los fueros que posee desde el 25 de octubre de 2015, cuando fue electa diputada del Parlasur”, analizó.
Remarcó además que “el conflicto suscitado por el gobierno provincial respecto de la detención de Milagro Sala ha dejado de ser un problema del estado provincial, porque claramente la resolución de ONU le endilga al Estado nacional la obligación y posibilidad de solucionar este conflicto”.
En este punto, interpretó: “Esto es así porque el gobierno de Jujuy, encabezado por Gerardo Morales, la tiene encarcelada ilegalmente y está desconociendo sus derechos como ciudadana y como parlamentaria”.