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Paz: «No falta mucho para que quede demostrada la violación de los derechos humanos en Jujuy»

Esta mañana fue detenida Graciela López, la integrante de la Red de Organizaciones Sociales y dirigente cercana a Milagro Sala cuya vivienda fue allanada el pasado lunes en un violento operativo. En diálogo con El Submarino Radio (91.5 MHz.), el abogado de Milagro Sala, Luis Paz, calificó el hecho como «un retroceso» en la situación de los derechos humanos en la provincia, situación sobre la cual el gobernador Gerardo Morales tendrá que dar explicaciones al gobierno nacional, a la luz de lo denunciado este lunes ante el ministro de Justicia de la Nación.

López fue detenida esta mañana en su domicilio por el fiscal Alejandro Bossatti y por orden del juez Isidoro Cruz. «No nos sorprende que unas horas después de haber difundido que mantuvimos una reunión productiva con el Ministerio de Justicia de la Nación tomen esta decisión que no hace más que aumentar el nivel de persecución que se vive en el feudo de Morales», dijo Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru. 

«Ayer fuimos muy claros en la reunión que mantuvimos con el ministro respecto a los niveles de persecución en Jujuy y a la suspensión del Estado de Derecho en la provincia. Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en un juicio con jueces imparciales y en los que se cumplan todos los procedimientos legales. En Jujuy hoy detienen por detener. Todas las investigaciones se deberían realizar con las personas en libertad en tanto no hay ni riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación», expresó el diputado provincial Juan Manuel Esquivel que ayer participó del encuentro con German Garavano.

«Situación insostenible»

«Pocas horas después de reunirnos con el ministro Garavano nos dimos con la desagradable noticia de la detención de Graciela López, que forma parte de lo que era la Red de Organizaciones Sociales, hoy diezmada por este avasallamiento democrático por parte del gobernador de la provincia en términos de aniquilación de opositores políticos», expresó Luis Paz. 

El abogado afirmó que «en la reunión de ayer quedó claro para Garavano y gran parte del gobierno nacional la preocupación en términos de la permanente persecución, desde enero a esta parte con la detención de Milagro Sala y luego con la de los otros presos políticos». 

Al igual que el resto de los integrantes del Comité que participaron del encuentro con funcionarios nacionales, para Paz se trató de «una reunión productiva y positiva, porque salió del mismo gobierno la idea de constituir una mesa de diálogo y trabajo para ver cómo se puede ir resolviendo este problema que a todas luces tiene fuerte gravitación en el contexto nacional».

Sobre este último punto, precisó: «Nos ha hecho saber concretamente el ministro Garavano que es preocupación de ese ministerio, de la secretaría de Derechos Humanos y de la canciller Malcorra la situación de la detención de Milagro en particular y de los ahora 12 presos políticos en la provincia». 

«El gobierno provincial tendrá que dar respuestas, así como Garavano nos pidió colaboración en términos de las consultas de organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU -señaló Paz-. Y si el gobernador Morales, en una clara muestra de revanchismo político, no se aviene a respetar los derechos humanos en Jujuy, será responsabilidad suya; y también del gobierno nacional, si le sigue haciendo el juego». 

Para el abogado, «hay una situación de gravedad institucional inusitada para la Argentina», generada a partir de «la decisión de Morales de avanzar sobre los derechos». En este punto, aventuró: «Calculo que no hace falta mucho tiempo ya para que quede demostrada la violación de los derechos humanos en Jujuy».

Paz fundamenta su apreción en que hasta ahora no se ha presentado ni una sola prueba en contra de las personas detenidas, porque de otro modo ya hubieran hecho uso de esa prueba. «No ha podido demostrar que Milagro Sala haya firmado cheques o que no haya construido las viviendas, entonces la respuesta del gobierno de Jujuy, encabezado por el gobernador y seguido por una pléyade de funcionarios judiciales que no hacen otra cosa que cumplir con las ordendes del Poder Ejecutivo, están llevando a la Argentina a una situación insostenible, según las palabras del ministro, porque no hay respuesta para darle a los organismos internacionales que están siguiendo con preocupación la situación de la provincia».

-¿Se sabe si el ministro Garavano se comunicó con el gobernador después de haber recibido estas denuncias? 

-No lo sé. El diputado Esquivel ha sido muy claro cuando en la reunión le manifestó: «Usted estuvo hace dos meses y vio un Jujuy que le mostró el gobernador, pero hubiera sido bueno que tuviera la oportunidad de ver el otro Jujuy». Un Jujuy donde no solo hay persecución hacia la Tupac sino también la represión en Ledesma, la represión y el hostigamiento de trabajadores en La Esperanza. Y está también la falta de diálogo concreto de una nueva paritaria, y en ese sentido los trabajadores estatales también están siendo hostigados y apretados. 

-¿Se acordó una próxima reunión?

-El mismo ministro propuso la conformación de esta mesa de trabajo para juntarnos en quince días a ver si hubo avances -o retrocesos, según lo que pasó hoy- en la situación de los derechos humanos en la provincia.

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