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En un escenario de máxima presión tras la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, el Gobierno provincial comenzó a mover las fichas. La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, encabezó una mesa de trabajo con representantes del Poder Judicial para evaluar la capacidad de respuesta del sistema jujeño ante la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Del encuentro, realizado en las oficinas de la Secretaría, participaron los equipos del Centro de Admisión y Derivación (CAD), del Dispositivo Socioeducativo y del área de Medidas Penales en Territorio. Por el lado judicial, la Dra. Carolina Bidondo y la psicóloga Lucrecia Oviedo iniciaron formalmente un relevamiento para conocer «en el terreno» cómo funcionan hoy estos espacios.
Radiografía de un sistema en alerta
La reunión no fue solo protocolar. Los equipos técnicos detallaron la ubicación y el estado de los dispositivos actuales, poniendo el foco en tres puntos críticos:
- Infraestructura al límite: La nueva ley prohíbe taxativamente que los menores compartan espacios con adultos o permanezcan en comisarías. Esto obliga a Jujuy a garantizar que sus centros especializados tengan plazas suficientes para la nueva demanda.
- Menores no punibles: Se expusieron las acciones de prevención destinadas a aquellos adolescentes que, por su edad o situación, requieren un abordaje interdisciplinario urgente antes de caer en la reincidencia.
- Recorrida de urgencia: Tras la charla técnica, las autoridades visitaron los edificios para detectar necesidades de mantenimiento, equipamiento y refuerzo de personal capacitado.
El desafío de los 180 días
Con la promulgación de la ley 27.801 el pasado 9 de marzo, las provincias iniciaron una cuenta regresiva de 180 días para adecuar sus estructuras. Aunque Nación prometió partidas presupuestarias por $23 mil millones para todo el país, en Jujuy la urgencia pasa por aceitar la articulación entre los que deciden (jueces) y los que ejecutan (la Secretaría de Niñez).
El objetivo es claro: evitar que los centros de alojamiento se conviertan en «depósitos» y asegurar que el nuevo régimen penal no termine en un colapso institucional antes de fin de año.
