Durante la mañana de este jueves, se llevaron a cabo las audiencias correspondientes al 6° juicio por crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en Jujuy durante la última dictadura militar.
En la jornada pasada, declararon Tomasa Lizondo (ex celadora), de forma presencial. Y a través del sistema de videoconferencia desde el TOF de San Luis, lo hizo Alfredo Tomás Romero (ex preso político).
Por su parte, el testigo René Ibáñez sufrió una descompensación minutos después de presentarse en el edificio judicial, por lo que el Tribunal, de forma unánime, resolvió suspender su declaración para el día de la fecha.
Lizondo, quien dijo que prestó servicio durante 23 años en el centro de detención del Buen Pastor y posteriormente en el penal de Gorriti, afirmó, que en pleno proceso militar “a las reclusas se las trataba muy, muy bien”, llegando a mencionar incluso que las celdas, con frecuencia permanecían abiertas permitiéndoles a las detenidas caminar por los pasillos. Declaraciones que se contradicen con los numerosos testimonios de presas políticas.
Posteriormente, la mujer pasó a describir el traslado de las detenidas hacia el penal de Gorriti, donde fueron ubicadas en un pabellón bajo un estricto régimen. Fue en este penal donde conoció a los imputados Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Ortiz, Juan Carlos Lucero, Osvaldo Héctor Caraballo y Mario Marcelo Gutiérrez.
Aunque negó que el personal penitenciario, por aquellos años, haya estado sujeto a directivas del ejército argentino, admitió que con frecuencia era la gendarmería la que se encargaba de buscar y trasladar a las presas políticas.
Por otra parte, recordó que cuando alguna de las detenidas era llevada y no regresaba, simplemente anotaban en el libro de actas que habían salido “en comisión”, sin dejar asentado ningún otro detalle sobre su ausencia.
En segunda instancia declaró Alfredo Tomás Romero quien fue secuestrado cuando tenía 17 años de edad, el 21 de julio de 1976 a la 1 de la mañana aproximadamente, durante el operativo de fuerzas conjuntas denominado la Noche del Apagón.
Se encontraba en la casa de sus padres en la localidad de Calilegua, sobre la detención dijo: “Fue la policía, no reconocí a ninguno, estaba durmiendo porque tenía que entrar a trabajar temprano”. Luego lo trasladaron en un vehículo tipo furgoneta a la comisaría de Calilegua, en donde lo golpearon. Subido a un vehículo, fue llevado a un centro clandestino de detención donde vio a José Ruiloba y Víctor Escalante tirados en el piso: “Estuvimos de forma clandestina, un policía me dijo que yo era el número 3. También me pidieron el documento y que me identifique”. Aunque el testigo no pudo reconocer el lugar, por los datos que precisó se deduce que estuvo en Guerrero.
El testigo manifestó: “20 días después, nos sacaron en una camioneta hacia la Policía Central”. Allí ya sin venda pudo reconocer a Ernesto Jaig: “nos comunicó que estábamos a disposición del poder ejecutivo nacional y luego nos llevaron en una camioneta hasta la penitenciaría”. En ese penal estuvo hasta el 7 de octubre de 1976 cuando es trasladado a la Unidad N° 9 de La Plata, recupera la libertad en julio de 1977.