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Fuentes de la AFIP informaron en diálogo con Página/12 que la titular de dicho organismo, Mercedes Marcó del Pont, ordenó iniciar un sumario administrativo a partir de la presentación realizada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que denunció que fue objeto de una persecución a lo largo de los últimos cuatro años por parte de la anterior conducción del organismo que estuvo a cargo de Alberto Abad. Asimismo, indicaron que la administradora federal ordenó la formulación de una denuncia penal para investigar los hechos denunciados por la vicepresidenta.
En el escrito que presentó Fernández de Kirchner ante Marcó del Pont, que además publicó en sus redes sociales, la vicepresidenta argumentó -con respecto a la gestión anterior de la AFIP- que «la arbitraria conducta de las autoridades, estaba claramente destinada a hostigarme y perseguirme y no a conocer mi situación fiscal, que por otra parte, después de todas las intervenciones judiciales a las sociedades familiares y al patrimonio familiar, eran absolutamente conocidas tanto por la AFIP como por la Justicia Federal», y en ese sentido pidió la nulidad de las acciones judiciales y administrativas sancionadas en su contra en el marco del expediente «Fisco Nacional AFIP contra Fernández, Cristina Elisabet s/ Ejecución Fiscal».
Para la ex mandataria, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo una “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos”, y afirmó que “funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas” coordinados “con sectores del Poder Judicial” que “operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona”.
Al comienzo del escrito que difundió en sus redes, CFK escribió que el posteo estaba dirigido: «Para los que todavía no creen en la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos».
La ex presidenta había solicitado que se «abra una investigación administrativa» contra los ex funcionarios del ente recaudador, de cuyos resultados pidió ser notificada «a los fines de efectuar las pertinentes denuncias penales y civiles». Su pedido fue escuchado por Marcó Del Pont que, como confirmó este diario, ordenó iniciar un sumario administrativo y una denuncia penal.
