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El dirigente social y abogado Juan Grabois es por estas horas otro de los símbolos de los tiempos que corren desde hace dos años en la Argentina. Como parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Grabois pronunció un alegato en defensa de Lito Borello en el marco de la causa por latoma de la comisaría de La Boca en 2004, consecuencia de la muerte impune de El Oso Cisneros.
Según publicó La Izquierda Diario, en su alegato el letrado cuestionó al Poder Judicial y los incontables privilegios de los que disfruta la casta judicial. Por ello, los jueces del Tribunal Oral Federal N.° 6 dispusieron una sanción de «multa que alcance el 15 % del sueldo de juez de primera instancia”. Lo indignante del caso es que el tribunal se amparó en un decreto firmado en el marco de la tristemente célebre Revolución Libertadora que derrocó a Juan Domingo Perón.
Según los magistrados castigadores el alegato “tuvo como única finalidad un inequívoco propósito de agravio y descalificación a los miembros del Tribunal como integrantes del Poder Judicial de la Nación”, además de que “no se trata ya de una mera desobediencia a las formas o a los modos que impone la ley, sino, antes bien, de un ataque elaborado y planificado».
Además, como para que quede más evidenciada la idea de castigo por lo que dijo, mencionan las expresiones en cuestión, como por ejemplo que Grabois calificó al proceso sobre la toma de la seccional como «una pantomima de debate”. Además, apuntó que existe “una bancarrota moral de una Justicia servil al poder de turno”, “que se hable de usted, que se tome mate, que se pare cuando entran tres señores que parecieran pertenecer a una casta privilegiada que encima no paga impuestos”, “por tener entre sus filas a magistrados que han convalidado el terrorismo de Estado o, como pasa acá, convalidado apropiaciones de niños durante la dictadura militar”, “es raro que todas estas condenas del mismo sector político vengan todas juntitas», entre otros conceptos..
En este marco es que Myriam Bregman y los abogados de Centro de Profesionales por los Derechos Humanos presentaron un recurso ante la Justicia Federal en defensa de Grabois y para rechazar las sanciones pecuniarias que se le impusieron.
“Las sanción es absolutamente nula. Los dichos vertidos en el alegato que tanto ofenden a los jueces son claramente opiniones políticas. Se ve que lo que los molestó son los cuestionamientos a sus privilegios y orientación política. Pero eso de ningún modo puede ser motivo de sanción para un abogado defensor, porque así estamos todos en peligro”, señaló Bregman.
Asimismo, recordó que recientemente también se sancionó a los abogados de Milagro Sala. A fin de octubre, el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos impuso una sanción de cuarenta mil pesos contra los abogados Luis Paz y Paula Álvarez Carreras al considerar que los defensores de Sala lo recusaron en forma maliciosa.
“Estamos en el marco de una coacción inaceptable. Para nosotros es de principios elementales enfrentar este ataque al derecho de defensa y lo vamos a hacer. Peleamos siempre por defender los derechos democráticos en general y del pueblo trabajador y los sectores más pobres en particular, por eso denunciamos que a pasos agigantados el Poder Judicial y un Poder Ejecutivo con rasgos cada vez más autoritarios, apoyados por las corporaciones mediáticas, apuntan hacia una ‘democracia carcelaria’. Como este sistema no puede siquiera alimentar a millones de personas, quieren encarcelar a una buena porción de ellas para disciplinar al resto. Por ese camino pugnan desde hace años los sectores más reaccionarios de la sociedad, y mucho han avanzado. Es por eso que ahora van por el derecho de defensa”, aseveró.
